MADRID — La vivienda situada en el madrileño barrio de Villa de Vallecas y vinculada a la investigación judicial del «caso Koldo» por su supuesta utilización para el blanqueo de comisiones se encontraba alquilada a turistas extranjeros en el momento en que la Guardia Civil acudió a registrarla.
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Según consta en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), los agentes se personaron en el inmueble en el marco de una nueva fase de explotaciones y detenciones que se saldó con seis arrestos —entre ellos el de la pareja del exministro José Luis Ábalos, Andrea de la Torre—. Al llegar a la puerta del domicilio, los investigadores se encontraron con dos turistas de nacionalidad estadounidense que habían alquilado el apartamento a través de la plataforma Airbnb para los primeros quince días de noviembre.
La compra del piso y el rastro de los fondos
La adquisición de este inmueble y una plaza de garaje, formalizada en abril de 2024 por un importe de 125.000 euros (pagados mediante cheques bancarios y una transferencia sin constitución de hipoteca), constituye uno de los ejes de la nueva pieza separada abierta por el juez instructor.
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De acuerdo con las pesquisas policiales:
- Búsqueda de financiación fallida: Los investigadores detectaron que, en los días previos a la compra, el propio Ábalos intentó sin éxito obtener un préstamo bancario por el importe exacto de la vivienda.
- La conexión cordobesa: Tras no lograr la financiación, Ábalos se reunió en Córdoba con Cristian Corvillo —exchófer de Pedro Sánchez en las primarias de 2017 e imputado en la causa—.
- Sociedades instrumentales y transferencias: La UCO sostiene que el coste de la vivienda se sufragó a través de un entramado societario vinculado a presuntos testaferros y gestionado por Corvillo, identificándose una transferencia inicial de 65.000 euros procedente de una cuenta en Portugal bajo la cobertura simulada de un «préstamo».
Detenciones y situación procesal
La operación desarrollada por la UCO incluyó registros tanto en el piso de Vallecas como en la residencia del exministro en Valencia, donde se encontraba Andrea de la Torre, quien fue detenida y posteriormente puesta en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar. Los implicados en esta pieza separada, declarada secreta en su inicio, previsiblemente tendrán que comparecer ante el magistrado en calidad de investigados por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias.
