MADRID — El Ejecutivo ha encargado a la compañía de seguridad e infraestructuras encargada de los polémicos dispositivos telemáticos de control de maltratadores —cuestionados tras los fallos masivos detectados en la migración de datos— la gestión de la seguridad del Ejército de Tierra en misiones internacionales y emplazamientos estratégicos como el Líbano, Irak y Letonia, además de en territorio nacional.
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La adjudicación, tramitada en régimen de licitación abierta, se ha formalizado por un importe de cientos de miles de euros, sin que el Gobierno considerase un impedimento los antecedentes e incidencias registradas en la anterior etapa con los dispositivos de protección a víctimas de violencia de género.
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Críticas por la adjudicación y antecedentes de los contratos
Esta decisión vuelve a poner el foco en la política de contratación pública, coincidiendo en el tiempo con la reciente intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas, a instancias de la Fiscalía Europea, para indagar sobre presuntas irregularidades y deficiencias en dichos contratos.
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Mientras las formaciones de la oposición afean al Gobierno que continúe respaldando a las mismas corporaciones adjudicatarias a pesar de los informes del Tribunal de Cuentas que alertaban de graves deficiencias técnicas y fallos de cobertura en los sistemas, la compañía asume ahora la vigilancia y el soporte de seguridad para las tropas españolas desplegadas en el exterior.
