MADRID – El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado admitir a trámite dos querellas para investigar a dos altos mandos militares de Israel por un presunto delito de detención ilegal. Las pesquisas se centran en el asalto militar perpetrado el 1 de octubre de 2025 contra la Flotilla Global Sumud, una expedición de ayuda humanitaria con rumbo a Gaza en la que participaba, entre otros activistas, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
Tomando la decisión en contra del criterio de la Fiscalía, el magistrado ha aceptado las querellas interpuestas conjuntamente por el Partido Comunista de España (PCE), Izquierda Unida (IU) y varios particulares. Los investigados designados en la causa son Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y Ram Rothberg, señalado en el auto judicial como comandante en jefe de la Marina israelí —cargo que, no obstante, abandonó en el año 2016—.
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Competencia limitada a los buques con bandera española
Para justificar la competencia de los tribunales españoles, el juez De Jorge se ampara en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El auto argumenta que, durante el asalto del Ejército israelí ejecutado en alta mar a unas 70 millas náuticas de la costa, los militares abordaron y tomaron por la fuerza el control de embarcaciones que navegaban bajo pabellón español, privando de libertad a sus tripulantes. De acuerdo con el derecho internacional, estos buques quedan sometidos por completo a la jurisdicción de España.
Sin embargo, el magistrado ha acotado de forma muy estricta el alcance del procedimiento penal:
- Objeto exclusivo: La causa investigará única y exclusivamente los presuntos delitos de detención ilegal cometidos estrictamente a bordo de las embarcaciones con bandera española.
- Exclusión de suelo israelí: Se rechazan de plano las denuncias relativas a los hechos ocurridos una vez los tripulantes fueron trasladados a buques de guerra israelíes o a los centros de reclusión de dicho Estado, al considerarse penalmente «desconectados» de lo acontecido en los barcos españoles.
- Querellas descartadas: El juez ha desestimado las acciones judiciales dirigidas contra Itamar Ben Gvir, actual ministro israelí a cargo de prisiones, y contra Yosef Knipes, máxima autoridad del centro penitenciario de Ketziot. De igual modo, descarta calificar los hechos como delitos de piratería, torturas o crímenes contra bienes protegidos en conflicto armado, tal y como exigían los querellantes.
Coordinación con la Corte Penal Internacional
Pese a las restricciones de la causa, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha advertido que el procedimiento penal seguirá adelante con la práctica inmediata de las actuaciones consideradas urgentes. Entre las primeras diligencias dictadas, se ha ordenado averiguar los domicilios de todos los ciudadanos que viajaban en los barcos de pabellón español con el fin de tomarles declaración formal y ofrecerles la posibilidad de ejercer acciones legales.
Asimismo, el magistrado ha remitido una comisión rogatoria a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). A través de esta vía, solicita al organismo de La Haya que verifique si los mandos imputados ya están bajo su foco, si cuentan con medidas cautelares internacionales y si ostentan formalmente los cargos que se les atribuyen. Adicionalmente, pide a la CPI que se pronuncie sobre si puede asumir de forma independiente la investigación de las naves españolas o si, por el contrario, requiere que la Audiencia Nacional se inhiba para integrar estos hechos en su macrocausa global por delitos de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad.
