Sindicatos policiales denuncian un patrón sistémico tras revelarse que tres de estos expedientes siguen activos, desmintiendo la versión del Ministerio del Interior
La cúpula de la Policía Nacional se enfrenta a una crisis de credibilidad tras reconocer la existencia de ocho casos de abuso sexual o acoso laboral contra mujeres policías destinadas en embajadas y delegaciones diplomáticas. Este dato, que rompe con la tesis del Ministerio del Interior de tratar estos sucesos como «hechos aislados», ha provocado una fuerte reacción sindical que exige responsabilidades políticas de alto nivel.
Un patrón de comportamiento y el desmentido al Ministerio
La revelación surge pocos días después de que trascendiera la querella por violación interpuesta contra el máximo mando operativo (DAO) de la Policía Nacional. Según el sindicato JUPOL, los ocho casos confirmados por la propia Dirección General de la Policía (DGP) en los últimos años dejan patente que no se trata de incidentes esporádicos.
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Los puntos clave que señalan desde la representación sindical son:
- Perfiles de los agresores: Muchos de los investigados son mandos condecorados, quienes, paradójicamente, habían sido premiados con destinos diplomáticos «privilegiados» donde los salarios se duplican.
- Actividad de los casos: La DGP ha confirmado que tres de estos expedientes permanecen activos actualmente, lo que mantiene viva la polémica sobre la gestión de la seguridad y el trato a las subordinadas en el extranjero.
- Obstruccionismo interno: JUPOL denuncia que las investigaciones internas son lentas y carecen de la celeridad necesaria para proteger a las víctimas y castigar a los responsables.
De la embajada en la India a la demanda contra el DAO
La indignación sindical se ha visto alimentada por casos recientes, como el de un comisario destinado en la embajada de la India, acusado de amenazar con agredir físicamente a una subordinada. Estas situaciones, unidas a la querella contra el DAO, han llevado al sindicato a solicitar formalmente la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.
«Hay que limpiar la imagen de la Policía Nacional. Exigimos que se depuren responsabilidades de forma inmediata», han declarado fuentes sindicales.
Reacción institucional y peticiones de justicia
Las organizaciones sindicales han trasladado un mensaje de apoyo rotundo a las agentes afectadas, calificando el trato recibido como «bochornoso». La presión pública sobre el Ministerio del Interior es máxima, ya que se exige una revisión profunda de los protocolos de selección para puestos en el exterior y una reforma en la gestión de las denuncias internas para evitar que los privilegios de los altos mandos entorpezcan la acción de la justicia.
La situación actual abre un debate necesario sobre la cultura interna dentro del cuerpo y las garantías de protección real para las mujeres policías cuando se encuentran destinadas fuera de España, donde la vulnerabilidad frente a sus superiores jerárquicos se ve incrementada por el aislamiento geográfico.
