Insta al próximo Gobierno a regular el derecho a la información de la ciudadanía en una ley que establezca los derechos y deberes de los profesionales.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) pide que se respete y proteja el trabajo de los y las periodistas palestinos, israelíes e internacionales, una tarea imprescindible para recibir desde el terreno información veraz sobre la guerra y combatir los bulos y la desinformación. Esta Federación reitera su rechazo al anuncio de cierre del canal de televisión qatarí Al Jazeera en Israel, así como los ataques a la prensa por parte de dirigentes israelíes. La pluralidad informativa es uno de los mejores rasgos distintivos en una sociedad democrática.
Ante la previsible constitución de un nuevo gobierno en España, la FeSP recuerda a todos los grupos parlamentarios que el Estado español sigue siendo prácticamente el único de la Unión Europea donde el derecho a la información de la ciudadanía aún no ha sido regulado en una ley que establezca los derechos y deberes de los y las periodistas, para garantizar que se cumpla ese derecho.
Esta Federación insiste en la imprescindible necesidad de incorporar a la Seguridad Social a los y las periodistas a la pieza y freelances, el colectivo más precario de la información y la comunicación. Cada vez hay más personas con esa forma de trabajo, muchas de ellas en una situación de indecencia laboral y vergonzosa explotación.
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La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este fin de semana (27.10.2023), denuncia, una vez más, la actitud de la patronal de prensa diaria en la negociación del convenio colectivo estatal del sector. Tras casi dos años de negociaciones, la Asociación de Medios de Información (AMI) ofrece una subida salarial que no se acerca al acuerdo firmado para todos los sectores por la patronal y los sindicatos, propone aumentar las horas anuales de trabajo y se niega a aplicar la subida salarial en el año 2022. La AMI debe presentar una oferta digna para poder alcanzar un acuerdo que garantice la paz social en las empresas.
La FeSP apoya la denuncia realizada por el comité profesional de la Radiotelevisión de Andalucía (RTVA), en un informe en el que detalla 250 «malas prácticas» entre los meses de abril y septiembre, y también que se ha vulnerado la ley de la RTVA, el contrato programa, su Estatuto y la carta de servicios. Canal Sur no cumplió con su obligación de servicio público, según ese informe. Para la FeSP, unos medios públicos independientes de injerencias políticas son imprescindibles en una sociedad democrática.
