La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo que envíe a prisión provisional sin fianza al exasesor ministerial Koldo García, sumándose así a las acusaciones populares promovidas por el PP. La petición se fundamenta en el riesgo de fuga que podría derivarse del inminente juicio por la presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.
Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción, ha decidido modificar la postura inicial de la Fiscalía, que hasta ahora había optado por medidas cautelares menos restrictivas. La solicitud se produce tras la decisión del Supremo de juzgar a García por su supuesta participación en el cobro de comisiones ilícitas a cambio de adjudicar contratos a la empresa Soluciones de Gestión.
Las acusaciones populares habían reclamado el ingreso en prisión del exasesor hace un mes, y ahora, con el respaldo de Anticorrupción, la petición cobra mayor fuerza. La Fiscalía argumenta que la medida es necesaria debido a la “elevada petición de pena”, que asciende a 19 años y medio de prisión por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.
Por su parte, las acusaciones populares reclaman hasta 30 años de prisión, añadiendo delitos de prevaricación y falsedad documental, así como una multa de 3,9 millones de euros. En ambos casos, el principal argumento para solicitar prisión sin fianza es el riesgo de fuga derivado de la gravedad de las penas solicitadas.
Hasta ahora, García permanecía en libertad con medidas cautelares que incluían la retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial. El magistrado Leopoldo Puente ha aplazado la comparecencia del exasesor para permitir que su defensa asista a la declaración de Víctor de Aldama, empresario clave en la investigación, prevista para hoy en la Audiencia Nacional.
El caso investiga el presunto cobro de comisiones por parte de García a cambio de adjudicar contratos de material sanitario a Soluciones de Gestión. La defensa ha recurrido el procesamiento, negando cualquier relación contractual con la empresa y alegando indefensión y nulidad de actuaciones.
La investigación se ha ampliado gracias a la colaboración de Víctor de Aldama, cuya confesión ha revelado una supuesta trama más amplia que incluiría adjudicaciones irregulares de obra pública con implicación de otros altos cargos.
Paralelamente, la Fiscalía también ha solicitado prisión provisional sin fianza para el exministro José Luis Ábalos, frente a una petición de 24 años de cárcel por parte del Ministerio Público.
