MADRID. — El Tribunal de Cuentas ha entregado a la Audiencia Nacional un soporte informático precintado que contiene la identidad completa —nombres, apellidos y datos filiativos— de todas las personas que han realizado donaciones al PSOE durante la última década. La medida se enmarca en la pieza secreta instruida por el magistrado Ismael Moreno, que investiga la presunta existencia de una caja B y financiación ilegal dentro del partido de Gobierno.
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La investigación judicial abarca el periodo comprendido entre 2017 y 2024 —coincidiendo con el mandato de Pedro Sánchez al frente de la Secretaría General— y busca contrastar la versión del empresario Víctor de Aldama, quien sostiene la existencia de una red de pagos ilegales camuflados mediante aportaciones fraccionadas.
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Claves de la investigación
- La operativa del ‘pitufeo’: Según las declaraciones prestadas por Aldama, los fondos en metálico procedentes de comisiones ilegales eran entregados a Koldo García —asesor del exministro José Luis Ábalos— para que militantes o simpatizantes los ingresaran en la cuenta del partido en pequeñas sumas, aparentando donaciones particulares legales dentro de los límites fijados por la normativa.
- El origen de los fondos: La instrucción sitúa el origen de las presuntas entregas irregulares en la mercantil Apamate Corporate & Trust, sociedad vinculada al empresario Francisco Flores que habría servido para canalizar comisiones vinculadas al cupo del petróleo venezolano de la estatal PDVSA, así como en supuestas mordidas del sector de la construcción.
- Fiscalización cruzada: El magistrado ha requerido la misma información tanto al PSOE como al Tribunal de Cuentas para realizar un cotejo de datos. Aunque el organismo fiscalizador no detectó anomalías en sus auditorías anuales, su dirección recuerda que no dispone de facultades para rastrear la procedencia previa del dinero que ingresan los donantes.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asumirá el análisis del listado para verificar si entre los aportantes figuran personas vinculadas al entorno directo de los cargos investigados o si los perfiles financieros de los donantes no se corresponden con las cuantías ingresadas.
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