La Delegación del Gobierno había denegado el 90% de las solicitudes, por lo que parte de los afectados decidieron recurrirlas. El letrado Faisal Abkur ha recibido hoy tres sentencias estimatorias en las cuales el juez considera la existencia del arraigo laboral del colectivo y, por lo tanto, se estima la autorización de residencia a los trabajadores transfronterizos. El abogado celebra estas sentencias estimatorias y espera que puedan sentar precedente para la totalidad del colectivo
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Ceuta ha comenzado a dictar las primeras sentencias en beneficio del arraigo laboral de los trabajadores transfronterizos. Hoy mismo se han notificado tres sentencias estimatorias al letrado Faisal Abkur en las cuales el juez considera la existencia del arraigo laboral y, por lo tanto, se estima la autorización de residencia a los trabajadores transfronterizos.
Se trata de una reivindicación histórica que se ha elevado más si cabe durante los dos años de pandemia y tras el cierre unilateral de la frontera. El colectivo ha estado durante casi un año manifestándose en la Plaza de los Reyes para solicitar la regularización de su situación.
La Delegación del Gobierno había denegado, aproximadamente, el 90% de las solicitudes de arraigo laboral. Por ello, una parte del colectivo afectado optó por recurrir la actuación de la Delegación del Gobierno. Sin embargo, otra parte se decidó por volver al antiguo paso fronterizo, entrando y saliendo a diario y teniendo que percnoctar en Marruecos.
Quienes han tomado la vía legal y han formalizado el recurso han sido «recompensados», así lo ha celebrado el letrado Faisal Akbur, que anima a que estas sentencias estimatorias puedan sentar precedente para la totalidad del colectivo.
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En el fallo de la sentencia «se anula la resolución impugnada de la Delegación del Gobierno y se declara el derecho de la recurrente a que le sea concendido el permiso solicitado de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones de arraigo laboral con autorización para trabajar, con expresa imposición de costas a la administración demandada».
