egún documentos internos, el Pacto Mundial de la ONU habría respaldado oficialmente la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), una alianza que la propia mujer del presidente ha utilizado como atractivo comercial para captar alumnos —en un máster de 7.200 euros—, mientras la causa judicial por presunta corrupción y tráfico de influencias sigue abierta.
El acuerdo entre la cátedra que dirigía Begoña Gómez —denominada “Transformación Social Competitiva”— y el Pacto Mundial de la ONU se habría formalizado mediante una adenda remitida al vicerrector de la UCM. Esta alianza figura en la documentación interna, e incluye el uso del logo de la ONU como sello de respaldo institucional.
Ese respaldo fue promovido públicamente por la cátedra como un aval de prestigio, con el objetivo explícito de captar estudiantes para su máster. En los folletos de promoción, el máster —con un coste de 7.200 € por alumno— se presentaba junto al logo del Pacto Mundial, junto a otras marcas reconocidas como Google o grandes empresas del Ibex.
Sin embargo, desde la ONU se desvincularon oficialmente del máster. Fuentes del Pacto Mundial aclararon que su colaboración se limitaba a compartir “materiales de formación para pymes orientadas a la Agenda 2030”, no a respaldar un programa privado de postgrado ni autorizar su mercantilización. Según dijeron, no autorizaron ni firmaron ningún contrato que implicara la impartición del máster.
La revelación reaviva las críticas hacia la forma en que la cátedra fue creada y financiada. En los tribunales ya pesan acusaciones contra Begoña Gómez por presunta malversación, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos para favorecer negocios privados. El patrocinio de la ONU —o la mera apariencia de él— añade un nuevo elemento a la controversia: la posible utilización de una marca internacional para dar credibilidad a actividades empresariales bajo fachada académica.
Empresarios consultados por la prensa admiten que la inclusión del logo de la ONU fue clave para atraer «inversores» y patrocinadores al proyecto, lo que refuerza la sospecha de que la cátedra operaba como un centro de relaciones públicas y networking empresarial, más que como un organismo académico.
Qué está en juego: reputación, legalidad y confianza institucional
La implicación de la ONU en este caso pone en cuestión no solo la legalidad del uso del logotipo en un máster privado, sino también la ética de mezclar instituciones públicas, estructuras académicas y negocios privados, bajo la apariencia de compromiso social.
Si se confirma que la cátedra usó indebidamente el respaldo internacional —o lo dio a entender— para captar alumnos y patrocinios, no solo Begoña Gómez —y quienes la respaldaron— sufrirán consecuencias legales, también la universidad verá comprometida su credibilidad.
Una polémica que trasciende lo personal
El patrocinio de la ONU a la cátedra de Begoña Gómez refuerza la percepción de que, detrás de ciertos proyectos académicos, pueden esconderse intereses empresariales y redes de influencia. Más allá del juicio judicial, lo que está en entredicho es la transparencia institucional, la delgada línea entre lo público y lo privado y la confianza ciudadana en las instituciones que deberían servir al interés general. El país merece claridad y que se depuren responsabilidades, sin excepciones.
