La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha advertido este martes de las “presiones externas” que afrontan los jueces y ha reclamado una mayor protección para el colectivo, tanto frente a intervenciones directas como ante “formas de influencia indirectas”.
Perelló se ha pronunciado en estos términos durante el acto de entrega de despachos a los 121 integrantes de la 74ª promoción de la carrera judicial, celebrado en Barcelona y presidido por el rey Felipe VI, con la asistencia del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
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En su intervención, la presidenta del CGPJ ha calificado de “buena noticia” el anuncio del Gobierno de la creación de 500 nuevas plazas judiciales a lo largo de este año, aunque ha advertido de que esta medida “no aborda ni resuelve el problema de fondo” que atraviesa la Justicia española, marcado por un “grave déficit de jueces”.
Perelló ha subrayado la necesidad de garantizar que los jueces puedan ejercer su labor con plena independencia, protegidos no solo de presiones externas directas, sino también de mecanismos de influencia indirecta que puedan comprometer su imparcialidad. Asimismo, ha alertado de que no se puede rebajar el nivel de exigencia ni la formación requerida para acceder a la judicatura, ya que ello podría “comprometer la calidad del sistema”.
En este sentido, ha considerado “urgente” la convocatoria de nuevas pruebas selectivas para cubrir el elevado número de plazas vacantes existentes en la Administración de Justicia.
Por su parte, el rey Felipe VI ha instado a los nuevos jueces a desempeñar su función desde una “nítida perspectiva europea” y conforme al derecho internacional, con los derechos humanos como “obligado referente”. El monarca ha pedido a los integrantes de la nueva promoción que sean un “ejemplo constante de rectitud” para garantizar el buen funcionamiento del sistema constitucional.
Durante su discurso, el jefe del Estado ha recordado la importancia del derecho internacional en la labor judicial y el valor interpretativo de textos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta de las Naciones Unidas y los tratados y convenios suscritos por España.
