CSIF y CCOO basan esta petición en la vacunación del director territorial de INGESA, antes de completar la vacunación del personal sanitario y de primera línea, en la falta de transparencia sobre el Plan de Vacunación y el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sin haber protegido a sus trabajadores ante la exposición a la COVID
Desde los sindicatos CSIF y CCOO han solicitado a la directora general de INGESA el cese inmediato del actual director territorial de INGESA en Ceuta, Jesús Lopera, por considerar que «ha quedado moralmente inhabilitado«.
Una petición que, recuerdan, ya hicieron con anterioridad al anterior director de INGESA antes de su vacunación y que, afirman, les hubiera gustado poder reiterar a la directora actual en persona, algo que no fue posible ya que «muy posiblemente el desarrollo protocolario del evento le dejó poco tiempo libre para poder reunirse con los representantes de los trabajadores del INGESA en Ceuta, que sin duda le hubieran ampliado la información que deseaba obtener» han criticado los sindicatos.
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Ambos sindicatos, basan la petición de cese de Lopera en varios motivos, entre los que destacan la vacunación del director territorial «sin antes haber completado la vacunación de todo el personal sanitario y en el ámbito sanitario de primera línea». Tanto CSIF como CCOO recuerdan que «cada vacuna administrada inadecuadamente a cargo directivo o afín, ha sido detraída del trabajador al que le correspondía, poniéndolo en riesgo innecesario frente al COVID todo el tiempo transcurrido hasta su vacunación efectiva», resaltando además que en algunos casos la vacunación ni siquiera se ha llevado a cabo.
Otro de los motivos por el que señalan la necesidad de cesar al director territorial del INGESA en Ceuta, es la falta de transparencia en relación a este tema de la vacunación. «Está jugando al gato y al ratón con una información tan sensible como son los datos concretos de vacunación. Con el único motivo de su protección personal ha eliminado la transparencia que debía incardinar el proceso de vacunación de principio a fin», afirman las Centrales Sindicales.
Además, añaden que se ha llevado a cabo un sistema de llamamientos «carente de controles» para garantizar el cumplimiento del plan de vacunación y facilitar su fiscalización. También denuncian que «se ha incumplido sistemáticamente tanto el deber de adecuada notificación, como de publicación de la información concreta del Plan de Vacunación del INGESA en Ceuta. Se han conculcado los derechos de información, consulta y participación, que forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, según queda reflejado en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales., y no sólo por la ausencia de información facilitada, sino por la reticencia persistente a proporcionar dicha información a pesar de ser solicitada por los representantes de los trabajadores».
En esta línea, critican el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que, para los sindicatos, el máximo responsable de INGESA en Ceuta no ha cumplido con el deber de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
«El daño al prestigio de nuestra institución y la alarma social generada ha llevado a un debate político que ha concluido en una denuncia y la apertura de diligencias por parte de la fiscalía, y a pesar de estar siendo objeto de investigación por el Ministerio Fiscal, el Director Territorial mantiene su cargo político de libre designación, y de confianza», denuncian CCOO y CSIF, que recuerdan que «la indignación entre los trabajadores es palpable como en pocas ocasiones estas organizaciones sindicales han podido comprobar».
Por todo ello, los sindicatos se reafirman en que «no puede continuar en un cargo de responsabilidad quien ha demostrado guiarse por intereses personales, los ha antepuesto a sus deberes de protección de la salud de sus trabajadores, y ha optado por sacrificar la transparencia del proceso con el objetivo de intentar acallar el escándalo público. Ni el INGESA ni sus trabajadores merecen estar a las órdenes de quien ha mostrado tan bajo nivel de ética pública», por lo que, al no haber dimitido, solicitan su cese a la mayor brevedad posible.
