El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que ya trabaja en un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para frenar el real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
El argumento: Falta de financiación y choque con la UE
El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha detallado tras el Consejo de Gobierno los ejes principales de su ofensiva legal. Según la administración autonómica, la norma estatal «afecta gravemente» a la prestación de servicios públicos esenciales —como sanidad y educación— al no incluir mecanismos de financiación o provisión de medios para las comunidades autónomas, que son quienes deben atender a la nueva población regularizada.
Además, Madrid esgrimirá ante el Alto Tribunal que el decreto contraviene la normativa de la Unión Europea en materia de extranjería y fronteras.
Advertencia de «efecto llamada» y «desguace»
La postura de la Puerta del Sol es de rechazo frontal a las consecuencias sociales y logísticas de la medida:
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- Saturación institucional: García Martín ha advertido que la llegada masiva de solicitudes provocará un «desguace» de los servicios públicos.
- Seguridad y convivencia: El portavoz ha llegado a augurar un «riesgo de quiebra de la convivencia» en España.
- Mafias: Desde el Gobierno regional se sostiene que esta medida propiciará un «efecto llamada» que alimentará el negocio de las redes de inmigración irregular.
Radiografía del Decreto: ¿A quién afecta y cómo?
Mientras Madrid prepara su batalla legal, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el texto que entrará en vigor este jueves 16 de abril. Estas son las claves del proceso:
| Requisito | Detalle del Real Decreto |
| Población objetivo | Solicitantes de asilo (petición antes del 1 de enero de 2026) y personas en situación irregular en España antes de esa fecha. |
| Permanencia mínima | Haber estado en España cinco meses consecutivos antes de la solicitud. |
| Seguridad | Es obligatorio no tener antecedentes penales en España ni en los países de residencia de los últimos cinco años. |
| Documentación | Copia de documento identificativo (caducado o en vigor) y pago de la tasa correspondiente. |
Calendario de aplicación
Pese al anuncio del recurso de la Comunidad de Madrid, los plazos administrativos siguen su curso. A partir de mañana, cerca de medio millón de personas podrán comenzar a tramitar sus expedientes de residencia legal, en un proceso que el Gobierno central pretende resolver en apenas unos meses para dar salida a la situación de irregularidad de estos ciudadanos.
