La formación ha denunciado los precios «más caros de España» y ha anunciado que, pese a la renovación de la concesión, la empresa solo se compromete a mantener a los trabajadores «en función del volumen de trabajo»
El Gobierno anunciaba el pasado 5 de agosto la renovación por cuatro años más al actual concesionario del servicio de Inspección Técnica de Vehículos, que alegaba “un importante perjuicio económico”, al haber estado totalmente paralizada la actividad de inspección durante 54 días. Tras esta noticia, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) han denunciado que «el tiempo que ha estado paralizada toda la actividad por la declaración del estado de alarma y a nadie se le ha dado este tratamiento tan especial» y que la concesionaria ha alegado su “gran compromiso con nuestra ciudad, que le ha llevado a inaugurar una nueva instalación en el Puerto, a que los vehículos del Ayuntamiento no paguen la ITV y a un acuerdo con el sector del Taxi para realizar inspecciones periódicas visuales”.
Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía han recordado a la concesionaria que la apertura de la nueva línea en el puerto la llevó a cabo «bajo su interés empresarial, dado que su pésima gestión del servicio provocaba grandes colas en el Tarajal, al no disponer de la cita previa, ni ningún otro sistema de una eficiente atención al cliente». Así mismo, señalan que «la apertura de la estación del puerto, preinaugurada en noviembre de 2019, se retrasó hasta junio de 2020 al presentar el concesionario, entre otras cuestiones, la documentación relacionándola con la legislación de una comunidad autónoma que nada tiene que ver con este Ayuntamiento».
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Esto da lugar a que, para el MDyC, «el trato de favor que el adjudicatario realiza al Desgobierno del Sr. Vivas no cobrándole las obligatorias inspecciones no supone prestar el mejor servicio público a la ciudadanía pues debe seguir pagando los precios más caros de España a una empresa monopolística que se forra a costa de los y las ceutíes, sino un acto que, si no es delito, al menos es inmoral».
Desde el MDyC no entienden que no exista un informe detallado del responsable del contrato sobre el cumplimiento del mismo. «Una concesión en la que se presta un servicio tan directo al ciudadano no puede despacharse con un puede calificarse como óptima, cuando las atenciones que han recibido los ceutíes no lo son», afirman.
Para el MDyC, «la adjudicataria no se queja de que pierda dinero, pues no es lo que ocurre, sino de que la reducción de los ingresos provoca que no gane todo lo que deseaba, y exige que entre todos los ceutíes le demos más tiempo para forrarse a nuestra costa. Y encima exige que le ayudemos a bajar el canon que paga, en función de tarifas del BOE, al puerto».
«¿Hará lo mismo el Desgobierno del Sr. Vivas con todos los adjudicatarios de naves y locales en el Puerto?», se pregunta la formación localista, que tampoco entiende como la concesionaria señala «que las Inspecciones realizadas en los últimos cinco años ascienden a 141.704, mientras la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Industria, señala que son 176.676 las realizadas, casi un 25% más, que cobradas a los precios más caros de España suponen más de un millón de euros«. «Esta diferencia crece año a año, llegando en 2019 a una diferencia del 30.55% (28.508 inspecciones frente a 37.217)», critica el partido.
El MDyC ha comparado los precios con la ciudad hermana de Melilla y tras realizar esta comparativa afirma que los precios son «escandalosamente elevados«. Según los datos aportados por la formación, para un vehículo de gasolina la diferencia es de 11,75 euros (un 34.95%), en diésel es de 15,03€ (un 38.76% superior) y en las motocicletas la diferencia es un 68.28%, 9,71€. Además, recuerda que Melilla cuenta con «unas instalaciones que desde el primer día funcionaron con tres líneas, permitiendo que se pueda dar un mejor servicio, no como en Ceuta que hasta junio pasado no se abrió esa tercera línea», por lo que «mientras Melilla realiza unas inspecciones sobre el parque automovilístico acorde a la media española (sobre el 72%), Ceuta no llega ni al 50%, algo tendrá que ver el servicio y el precio».
Por todo ello, para el MDyC, la prórroga por cuatro años más de la concesión de la ITV, «ni mantiene el empleo, pues el propio informe de la empresa indica que mantendrá la plantilla ajustada a la actividad real en cada momento, ni supone una mejora para los ceutíes quienes solo pueden pagar los abusivos precios de la concesionaria o si cruzan a la península realizarla en alguna ITV de Andalucía, una empresa pública».
