El Gobierno de Pedro Sánchez confía en que el calendario parlamentario juegue a su favor. La pausa de la actividad en el Congreso, motivada por las elecciones autonómicas y las fiestas navideñas, permitirá a Moncloa ganar tiempo y esquivar durante los próximos meses la presión de Junts, que ha endurecido su discurso contra el Ejecutivo.
Lee tambien: Izquierda Unida aprovecha el vacío y la ausencia de Yolanda Díaz para fijar un perfil propio tras la crisis de Ceuta
Te interesa
Según fuentes del Gobierno, el parón hasta febrero supondrá un balón de oxígeno. En este periodo solo se celebrarán tres plenos —dos en las próximas semanas y otro en diciembre— antes de que enero quede prácticamente inhabilitado. La suspensión del pleno previsto antes de Navidad, debido a los comicios en Extremadura, concede a Sánchez un margen temporal para reorganizar su estrategia y rebajar tensiones con sus socios catalanes.
«No lo habíamos previsto así. Es casualidad. Pedro tiene suerte», reconocen desde el entorno del presidente, que admite el desgaste con Junts pero confía en que sus efectos no se noten hasta 2026. Pese a la ruptura escenificada por Míriam Nogueras —portavoz de Junts en el Congreso—, Moncloa considera que las próximas votaciones aún cuentan con respaldo independentista, gracias a acuerdos previos sobre leyes como la del Cine y la Cultura Audiovisual, la de Movilidad Sostenible o la del impulso de la economía.
Lee tambien: El choque entre Robles y Moncloa por la crisis de Ceuta salta a las Cortes
Sin embargo, el Gobierno podría enfrentarse a un revés inmediato. El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha introducido una enmienda en la Ley de Movilidad Sostenible para eliminar la “fecha de cese definitivo” de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes. Junts, favorable a mantener la energía nuclear, podría apoyar esta modificación y dejar al Ejecutivo en una posición comprometida.
A ello se suma la previsión de que, cuando se retome la normalidad parlamentaria en febrero, el ciclo electoral vuelva a condicionar la actividad del Congreso con la convocatoria de las elecciones en Castilla y León, previstas como muy tarde para marzo.
En Moncloa asumen que no pueden forzar a Junts a negociar, aunque insisten en mantener la iniciativa legislativa. “Habrá medidas que difícilmente podrán rechazar”, apuntan desde el Ejecutivo, recordando que también los independentistas necesitarán el apoyo del Gobierno en determinadas votaciones.
Mientras tanto, Hacienda prepara para el lunes la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se abordará el objetivo de estabilidad para las comunidades autónomas y el inicio de la reforma de la financiación autonómica. El martes, el Consejo de Ministros aprobará el techo de gasto y los objetivos presupuestarios, que se remitirán al Congreso pese al riesgo de que no salgan adelante.
En el hemiciclo, el clima es de desconcierto. “Hemos pasado de estar camino de la UCI a la agonía. Díganos hacia dónde vamos”, lanzó Maribel Vaquero, del PNV, a un Sánchez que incluso aprovechó la sesión para lanzar un dardo a Sumar: “Este juego de parecer que no se está en el Gobierno, pero sí se está… ¿se imaginan que hiciéramos lo mismo con sus ministerios?”.
Pese al tono combativo, el Ejecutivo confía en resistir. Sánchez, convencido de poder agotar la legislatura, se aferra a su discurso de estabilidad frente a lo que califica de “oposición destructiva”, mientras Feijóo le augura un futuro judicial y le advierte: “Yo no le amnistiaré”.
