La absolución de Vicente Fernández por el caso Aznalcóllar, conocida hace apenas cinco días, parecía poner fin a un proceso judicial que lo había acompañado durante casi una década. Sin embargo, el ex presidente de la SEPI ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras ser detenido este miércoles junto a Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del PSOE, en el marco de la investigación sobre la presunta red de comisionistas vinculada al antiguo número tres socialista, Santos Cerdán.
La detención de Fernández abre una nueva vía de investigación que apunta directamente al núcleo orgánico del PSOE y que compromete, por acción u omisión, el papel de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considerada su principal valedora política. Montero lo impulsó en la Junta de Andalucía durante el mandato de Susana Díaz y posteriormente lo situó al frente de la SEPI cuando ella accedió al Gobierno de Pedro Sánchez.
Relaciones bajo sospecha
Aunque aún no han trascendido los motivos precisos por los que la Audiencia Nacional ordenó su arresto, sí se sabe que Fernández trabajó entre 2021 y 2023 para Servinabar, una empresa vinculada a Cerdán y presuntamente empleada como sociedad instrumental para el cobro de comisiones de contratos amañados. Desde su entorno, siempre defendió desconocer la relación de la empresa con la trama, y negó que Montero intercediera para su contratación.
Su trayectoria en la administración pública había sido meteórica: interventor general de la Junta, presidente de la Agencia Andaluza de la Energía y finalmente presidente de la SEPI. No obstante, el caso Aznalcóllar —centrado en la adjudicación de la mina a la empresa Magtel— ya lo había salpicado, obligándolo a dimitir en 2019 tras ser formalmente investigado.
Un patrimonio en el punto de mira
Durante la comisión del Senado que investiga la red de corrupción vinculada a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, el PP señaló el llamativo incremento patrimonial de Fernández, cifrado en al menos 10 millones de euros en bienes inmobiliarios repartidos entre Sevilla, Madrid y Marbella. El ex presidente de la SEPI se acogió entonces a su derecho a no declarar, amparándose en su situación procesal por el caso Aznalcóllar.
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También evitó pronunciarse sobre informaciones que le situaban como usuario de un piso en Madrid alquilado por Servinabar donde presuntamente se celebraban reuniones de la trama y donde Leire Díez habría intentado interferir en investigaciones policiales y judiciales.
Absolución en Aznalcóllar… y un nuevo frente judicial
El pasado viernes, la Audiencia de Sevilla absolvió a los 16 acusados del caso Aznalcóllar, incluida la empresa adjudicataria Magtel y el propio Vicente Fernández. La sentencia además condenó a las acusaciones particulares al pago de costas por “connivencia” y por mantener una acusación “infundada”.
Pero la resolución judicial no ha evitado que Fernández vuelva al foco mediático, ahora por su presunta vinculación a la red de comisiones ligada a Cerdán. Su detención abre un nuevo capítulo en una investigación que amenaza con escalar hacia las estructuras más altas del partido y que vuelve a poner bajo presión al Gobierno y al PSOE en pleno.
