El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado recientemente una ley que permite a los terroristas acumular las condenas cumplidas en otros países de la Unión Europea. Esta medida podría facilitar la salida anticipada de prisión para algunos miembros de ETA, al contabilizar las penas cumplidas previamente en Francia.
El Partido Popular (PP) ha manifestado su intención de presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, argumentando que el rechazo del pleno del Senado debería haber sido considerado como un veto. Según el PP, el Congreso debería haber votado nuevamente la iniciativa antes de enviarla al BOE.
La Mesa del Congreso decidió enviar la ley al BOE sin someterla a votación, lo que ha generado críticas por parte del Senado, que considera que el proceso legislativo no había concluido. La publicación en el BOE se realizó con las firmas del rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
De acuerdo con la disposición final sexta de la ley, esta entrará en vigor veinte días después de su publicación en el BOE. La Constitución española establece en su artículo 91 que el Rey debe sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales en un plazo de quince días y ordenarlas para su publicación inmediata.
En el texto oficial, el rey Felipe VI declara: «A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo a sancionar la siguiente ley orgánica». A pesar de las objeciones del Senado, la norma ha sido promulgada.
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El Partido Popular sostiene que apoyó la ley por error durante su tramitación en el Congreso, debido a una enmienda introducida por el grupo Sumar. Al percatarse del error, ya no había posibilidad de corregirlo en el Senado.
El viernes, el PP registró un escrito en el Senado solicitando formalmente a la Mesa del Congreso una rectificación, como paso previo a presentar un conflicto de competencias ante el Constitucional. Este tipo de conflicto es inédito entre las dos cámaras legislativas españolas.
La disposición que permite la acumulación de penas cumplidas en otros países europeos fue incorporada al proyecto de ley durante su tramitación en el Congreso. Esta medida ha sido objeto de controversia, ya que podría beneficiar a individuos condenados por delitos graves, como el terrorismo.
El debate sobre esta ley refleja las tensiones políticas actuales en España, donde las decisiones legislativas pueden tener implicaciones significativas en la política interna y las relaciones internacionales. La situación subraya la importancia de un proceso legislativo claro y transparente.
