El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha vuelto a dar la razón a la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de la UGT, tumbando el recurso interpuesto por la Ciudad contra la Sentencia del Juzgado de los Contencioso nº 1 de Ceuta de fecha 26 de febrero de 2018 en la que se anulaba el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de diciembre de 2015 que, en resumen decía:
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1. Clasificar en la plantilla el puesto de trabajo denominado «oficial mayor», Grupo A 1, Nivel de CD 30, reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en clase 3a con objeto de garantizar el apoyo y la colaboración inmediata al servicio de Secretaría de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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2. La forma de provisión será la libre designación.
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Un nuevo éxito de los Servicios Jurídicos de la UGT, encabezados por el letrado Ramón Lladó que vuelve a dar al traste con otra ilegalidad pretendida por el Gobierno como es la de poner al frente de una responsabilidad tan importante a personas que carecen de la adecuada cualificación profesional para desempeñar estos puestos de habilitación nacional. Los dos puntos clave de esta sentencia del Contencioso nº 1 de Ceuta que ha sido ratificada íntegramente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía son:
a. Que no se puede rebajar a tercera categoría el puesto de Oficial Mayor, ya que Ceuta es un Ayuntamiento de primera categoría, para dárselo a una persona cuya cualificación profesional es para poblaciones inferiores a cinco mil habitantes.
b. Que tampoco se puede sacar este concurso a libre designación, ya que no existen motivos para hacer uso de este sistema rigurosamente excepcional, supeditado a que se acredite el carácter directivo de sus funciones o la especial responsabilidad que asume respecto al puesto.
El informe del Tribunal de Cuentas que recientemente se ha dado a conocer vuelve a insistir en la necesidad de cubrir los puestos de Secretario General e Interventor, que llevan más de VEINTE AÑOS ocupados de manera fraudulenta y teniendo en cuenta que esta artimaña de intentar convocar el Concurso de Oficial Mayor por libre designación y para Secretarios de tercera categoría se lo ha tumbado el TSJA, esperamos que no tengan la osadía de seguir gastando los recursos del contribuyente en acudir al Supremo por casación. Se limitarán, probablemente, a mantener esta postura dontancredista ya que no se ven urgidos a solucionar esta carencia absoluta de legitimidad y fiscalización de las cuentas, al no ser ocupados estos puestos tan importantes por funcionarios de habilitación nacional cualificados, pertenecientes a la primera categoría.
Por tanto, desde ya, urgimos a la Delegación del Gobierno en Ceuta, para que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ponga fin a esta ominosa situación y se convoquen de forma urgente los concursos correspondientes y no estas pachangas a medida de sus conveniencias.
