En los últimos tiempos ha habido cambios en las prácticas y actuaciones hacia el colectivo migrante a manos de las autoridades de terceros países, orquestadas y ordenadas por Europa.
Ya desde los primeros acuerdos de UE-Turquía es cuando empezó a dar un giro de 360° todo lo referente a políticas migratorias y sus prácticas sobre el terreno fuera de los libros y firmas de acuerdos.
Acuerdos que iban directamente contra las personas en movimiento escapando de guerras, conflictos, situaciones difíciles en sus lugares de origen o en busca de un futuro mejor. Dificultando así la circulación de estas personas cada vez más, tomándoles como «monedas de cambio» según intereses geopolíticos y económicos.
El acuerdo de UE-Turquía sirvió como modelo a España para desarrollar su política interior: la Ley de seguridad ciudadana 4/2015, que supuso su peor política jamás vista después de Franco; la ‘Ley mordaza’, coartando las libertades, libertad de expresión, manifestación o de movilidad, como la ley de extranjería e inmigración.
Con estos cambios legislativos, se conseguía más desinformación, lanzando políticas del miedo creando odio hacia el diferente, el extranjero, el de otro color, etnia o religión.
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Ahora, la irrupción de «súper Vox y CsCiudadanos» en el tablero político, en medios de comunicación y prensa ha dado otro giro impresionante al panorama político.
En Ceuta lo peor fue la normalización de las devoluciones en caliente después de la tragedia del Tarajal en el 2014. Avanzando aceleradamente con violencia, agresividad sin miramiento, justificando con la criminalización a los inmigrantes con discursos de odio basados en que los inmigrantes actuaban con cal Viva, heces, extrema violencia, agresividad y de que venían bien entrenados como si de paramilitares se tratase, como ocurre con activistas u ONG’s, como por ejemplo pasó con Helena Maleno, Opem Arms o Iuventa.
Agosto del 2018, devolución express de 116 personas que llevaban 23 horas después de ser participes de una entrada por las vallas de Ceuta, aplicandoles un acuerdo de España Marruecos sacado del cajón que fue firmado en el 1992 con el pretexto de usarlo en situaciones o causas excepcionales.
Y con ello después la reactivación en el norte de Marruecos de las redadas, desmantelamientos, detenciones con fuerza y sin miramientos con su posterior desmantelamientos hacia el Sur.
Desde Nador y alrededores o Tánger y alrededores, para desplazarlos por orden precisa de Europa desde las zonas colindantes a los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla o costas.
A día de hoy 10/01/2019 siguen las redadas y desmantelamientos, acaban de desmantelar a casas por la periferia de Tánger deteniendo a mucha gente sin miramientos, que dentro de estas redadas se llevaron también de nuevo a compañeros de Alarm Phone que realizaban la labor en Tánger.
El Ministerio del Interior, en su informe quincenal de entradas de inmigrantes irregulares a España, establece que el número de inmigrantes que han llegado a Ceuta por vía terrestre ha disminuido en torno a un 4 por ciento mientras que las entradas por medio de embarcaciones han aumentado más de un 90 por ciento.
El pasado año 2018 llegaron 570 inmigrantes irregulares a las costas ceutíes por medio de embarcaciones, lo que supone algo más del doble de llegadas con respecto a los 257 que entraron por esa vía en 2017.
Por tierra, las cifras son bien diferentes ya que, si bien lograron traspasar la frontera un total de 1979 inmigrantes, esto supone un 1,1% menos que un año antes.
Estos son los datos oficiales, los datos aportados por el Ministerio de Interior en el informe quincenal que incluye en esta ocasión los datos acumulados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
Las cifras totales sitúan en casi 57.500 personas llegadas en patera en 2018, un 162 % más que en 2017.
Por la ciudad autónoma de Melilla han entrado 918 personas en 34 pateras, y 4821 por vía terrestre, un 24% más que en 2017.
Políticas migratorias, externalización de la UE desplazando las personas cada vez más lejos de las fronteras físicas europeas previos pagos, hacia rutas más peligrosas sin garantía alguna.
Visita e investigación de Jon Sebastian y su grupo, rutas y tránsito de personas migrantes en África, situación:
Este es el campo de refugiados de ACNUR en Agadez. Está a 13 km de la ciudad, en medio de la nada, y en el malviven quienes vienen de un lugar al que no pueden ser deportados, unas 1.400 personas frente a las 15.000 que han sido deportadas desde Agadez este año. La mayoría de quienes viven en este campo son sudaneses, de la región de Darfur. Pudo hablar con uno de ellos, Mustafa, que tuvo que huir de ahí cuando el ejército destruyó su pueblo y mató a la mayoría de su familia, siendo él un niño de doce años. Con un hermano consiguió llegar a Libia, donde se subió en un barco hacia Europa. En el mar, lo detuvieron las milicias libias y lo metieron en un centro de detención, en el que le pedían 1.500 euros para liberarlo. Como no tenía ese dinero fue vendido como esclavo. Pasados seis meses consiguió escapar y llegó a Níger, donde lleva en torno a un año.
El ejército sudanés que le expulsó de su pueblo y asesinó a su familia está siendo financiado por la Unión Europea para que haga tareas de control fronterizo. Las milicias que hacen tareas de guardacostas en Libia y los centros de detención que controlan también lo están. Podéis imaginar el nivel de trauma de Mustafa, que hoy tiene dieciséis años y ha pasado por todo esto. Ahora vive aquí, en una tienda donada por la Fundación Ikea (!) vacía salvo por unas mantas en el suelo, que en verano se derrite por las altas temperaturas del desierto y en invierno las paredes no paran de moverse por el fuerte viento. La UE había prometido reasentar en su territorio a quienes huyan de la violencia y esclavitud en Libia, pero como nos ha dicho una activista nigerina con la que nos hemos reunido, aquí la bandera de la UE es el símbolo de las promesas rotas.
