La compañía pública Renfe ha emprendido acciones legales y ha llevado a los tribunales al activista político y agitador de extrema derecha Vito Zoppellari Quiles, conocido públicamente como Vito Quiles, por un presunto delito de estafa. La empresa ferroviaria ha acreditado un patrón de conducta irregular mediante el cual el denunciado realizaba viajes de forma fraudulenta para obtener un beneficio económico.
El ‘modus operandi’: billetes parciales para trayectos largos
Según consta en la denuncia de la operadora, Renfe ha logrado acreditar al menos 17 viajes fraudulentos. El método sistemático que presuntamente empleaba Quiles consistía en adquirir billetes de AVE válidos únicamente para una parte del recorrido (por ejemplo, abonando solo la mitad del trayecto entre su zona de residencia en Alicante y Madrid), pero permanecía a bordo del tren de manera irregular hasta llegar a su destino final. Con esta práctica, el agitador eludía el pago de las tarifas completas correspondientes a los servicios de larga distancia que utilizaba de manera efectiva.
Además de los billetes incompletos, Renfe acusa a Quiles de un uso indebido de sus instalaciones exclusivas, señalando que accedía a salas VIP y de acceso restringido en las estaciones —como la sala Executive— sin contar con la autorización ni el tipo de billete que habilitara dicho servicio de categoría superior.
Daño reputacional y citaciones judiciales eludidas
La querella de la empresa pública no se limita al perjuicio económico directo por los billetes no abonados. Renfe también ha incluido en el procedimiento judicial una reclamación por el «daño reputacional» que estas acciones continuadas causan a la marca e imagen de la compañía ferroviaria del Estado.
El proceso judicial ya se encuentra en marcha, si bien se ha topado con obstáculos en su fase de instrucción debido a la actitud del propio denunciado. El juzgado competente ha citado a declarar a Vito Quiles hasta en dos ocasiones para que preste declaración en calidad de investigado. Sin embargo, el activista no compareció a ninguna de las citas judiciales ni presentó justificaciones legales que avalaran su incomparecencia, a pesar de que las notificaciones se realizaron de forma correcta de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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