Una operación liderada por agentes de la Policía Nacional ha llevado al desmantelamiento de una red criminal dedicada a la explotación sexual, liberando a un total de 23 víctimas que habían sido engañadas bajo falsas promesas de empleo en salones de belleza
La acción coordinada ha resultado en el arresto de ocho individuos en diversas provincias de España, con dos de ellos ya bajo prisión provisional.
La investigación revela un modus operandi en el que la red atraía a las víctimas con la promesa de empleo, ofreciéndoles un futuro en el sector de la belleza. Sin embargo, una vez reclutadas, las víctimas eran sometidas a condiciones de explotación sexual completamente distintas a lo prometido. Alarmantemente, una de las mujeres rescatadas tiene reconocida judicialmente una discapacidad intelectual, aumentando la gravedad del caso.
Los implicados en esta operación eran responsables de contactar con potenciales clientes a través de páginas web, coordinando servicios sexuales y obligando a las víctimas a realizar estas actividades contra su voluntad. Además, se les exigía pagar una suma adicional de dinero a la organización, bajo la amenaza de consecuencias más severas en caso de negarse.
La rápida intervención policial ha permitido poner fin a esta red criminal y brindar asistencia a las víctimas, al tiempo que se procede con las acciones legales pertinentes contra los responsables de este horrendo delito.
Una víctima con discapacidad intelectual
La complejidad y la crueldad de la operación criminal desmantelada por la Policía Nacional se hace aún más evidente al descubrir que la organización reclutaba a sus víctimas a través de personas conocidas, familiares o compatriotas, ya sea en su país de origen o en España, especialmente si se encontraban en situación irregular. En el caso de las víctimas en situación irregular, se les imponía la desgarradora condición de prostituirse para saldar deudas originadas en su país de origen.
Una de las víctimas, cuya situación es particularmente desgarradora, presentaba una discapacidad intelectual, y su vulnerabilidad había sido reconocida judicialmente mediante el sistema de protección denominado curatela.
Las víctimas, provenientes principalmente de Colombia aunque también de otros países latinoamericanos, ingresaban a España a través de los aeropuertos de Madrid o Barcelona. Los implicados las engañaban con falsas promesas de empleo en sectores como salones de belleza o cuidado de ancianos, o les imponían condiciones radicalmente diferentes a las que finalmente eran forzadas a enfrentar.
Este sombrío trasfondo revela la maquinación meticulosa de la organización criminal, así como la vulnerabilidad extrema de las víctimas, muchas de las cuales se encontraban en una situación desesperada y eran fácilmente manipulables. La operación policial no solo ha desarticulado la red de explotación sexual, sino que también ha arrojado luz sobre las horribles realidades que enfrentan aquellos atrapados en este ciclo de abuso y explotación.
Explotada sobre palés
El entramado criminal desvelado por la operación policial obligaba a sus víctimas a prostituirse mediante intimidaciones constantes, trasladándolas frecuentemente de una provincia a otra para dificultar la detección de su actividad delictiva. Para mantener un control absoluto sobre las mujeres explotadas, instalaban cámaras de videovigilancia en los pisos donde eran sometidas.
Las víctimas estaban obligadas a entregar el 50% de los ingresos obtenidos por cada servicio sexual a los miembros de la organización. Además, se les exigía llevar un registro detallado de cada encuentro en cuadernos específicos. Los integrantes de la red realizaban todas las gestiones relacionadas con los anuncios en páginas web de contactos, así como acordaban los servicios sexuales solicitados por los clientes. A cambio, las víctimas debían abonar una cantidad adicional de dinero por estas gestiones, que se sumaba al porcentaje de sus ganancias que ya se les exigía.
Las condiciones en las que eran obligadas a trabajar eran verdaderamente inhumanas. Las mujeres no tenían opción de rechazar ningún tipo de servicio sexual y eran forzadas a realizar su trabajo sobre palés, sin colchón ni somier, incluso si se encontraban enfermas o incapacitadas.
Estos detalles desgarradores ponen de manifiesto la crueldad extrema de la explotación sexual perpetrada por esta red criminal, así como la urgencia de poner fin a estas prácticas abusivas y garantizar la protección de las víctimas.
Investigación policial
El reciente operativo policial ha sacado a la luz una organización criminal que sometía a mujeres vulnerables y en situación precaria a una explotación sexual despiadada, bajo amenazas y en condiciones deplorables. Los implicados no solo se dedicaban a la explotación sexual, sino que también adquirían sustancias estupefacientes para ofrecerlas a sus clientes.
La investigación revela que la máxima responsable de la red no solo se lucraba con la explotación sexual, sino que también había invertido en múltiples propiedades inmobiliarias en varias provincias de España e incluso en Colombia, utilizando el dinero obtenido ilegalmente.
El operativo culminó con la liberación de 23 víctimas de explotación sexual en ciudades como Úbeda (Jaén), Alicante, Guadalajara, Alcalá de Henares (Madrid), Lugo y Ciudad Real. Asimismo, se han llevado a cabo ocho detenciones en diversas localidades, incluyendo Úbeda, Alcoy, Guadalajara, Lugo y Ciudad Real.
Este desgarrador descubrimiento pone de manifiesto la gravedad de la explotación sexual y el tráfico de drogas, así como la importancia de las acciones policiales para combatir estas prácticas criminales y proteger a las personas vulnerables.
