El portavoz de ERC denuncia una «cacería judicial» contra la izquierda en el Congreso, mientras los socios de investidura oscilan entre el cierre de filas, la prudencia y la exigencia de explicaciones por el ‘caso Plus Ultra’.
El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha valorado este miércoles en términos sumamente contundentes el auto de imputación emitido contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Con su habitual estilo directo, Rufián ha afirmado que «si es verdad es una mierda y si es mentira es una mierda aún mayor», exigiendo de forma inmediata una «respuesta» aclaratoria por parte del actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en la Cámara Baja, el representante republicano ha aprovechado una pregunta parlamentaria dirigida al presidente Sánchez para manifestar tanto su «respeto y afecto» personal hacia Zapatero como el profundo impacto político de la noticia. Según ha expuesto Rufián, ver al exlíder socialista encausado judicialmente «rompe el corazón» a los sectores progresistas de todo el Estado español.
En su argumentación, el portavoz de ERC ha insistido en la tesis de que el procedimiento judicial obedece a intereses netamente partidistas y de desgaste electoral, calificando al expresidente como un «enorme activo electoral para la izquierda» que la judicatura busca desactivar. Asimismo, Rufián ha confesado sentirse «jodido» con la imputación y ha denunciado una «cacería judicial» contra la izquierda, argumentando que otros exmandatarios como Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy «se lo merecen mucho más».
«Hemos visto otras veces que hay quien roba a manos llenas y están encantados de la vida, pero la izquierda es otra cosa», ha contrapuesto el diputado republicano, quien además admitió a los periodistas en los pasillos de las Cortes que el auto judicial dictado por la Audiencia Nacional está «muy bien escrito».
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La respuesta del Ejecutivo y el Plan de Regeneración
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado entrar al choque directo respecto a los calificativos empleados por su socio de investidura o la valoración del caso penal. En su turno de réplica, Sánchez ha preferido reconducir el debate hacia la agenda legislativa de Moncloa.
El jefe del Ejecutivo ha recordado a la Cámara que actualmente se encuentra en tramitación un proyecto de ley destinado a regular de manera estricta la actividad de los grupos de presión (lobbies). El presidente ha instado a las distintas fuerzas parlamentarias a dar «cauce para ser aprobado» de forma urgente a esta norma, la cual se enmarca dentro del plan de Regeneración Democrática promovido por el Gobierno de coalición para dotar de mayor transparencia a las instituciones.
División en el bloque de investidura: entre el ‘lawfare’ y la prudencia
La histórica imputación de Rodríguez Zapatero —la primera de un expresidente en la etapa democrática reciente— ha provocado una notable sacudida en el resto de los grupos que sustentan la mayoría parlamentaria, evidenciando matices sustanciales en sus reacciones.
Desde el espacio de Podemos, su líder Ione Belarra se ha mostrado circunspecta a su llegada al pleno, limitándose a señalar de manera lacónica que el escenario judicial «no pinta bien». Con mayor distancia formal se ha expresado la diputada de Compromís, Águeda Micó, quien ha reclamado una profunda «prudencia» institucional a la espera de que el exmandatario pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa. No obstante, Micó se ha mostrado firme al declarar que, de confirmarse sospechas de corrupción, deberá caer «todo el peso de la ley», marcando distancias con ERC al manifestar serias dudas, tras la lectura íntegra del auto, de que en este escenario concreto exista un componente de lawfare (instrumentalización política de la justicia).
En las filas de Sumar e Izquierda Unida, el portavoz parlamentario Enrique Santiago ha evitado pronunciarse sobre la existencia de una persecución judicial. En su lugar, Santiago ha puesto el foco en la necesidad de reformas estructurales: «Lo primero que hay que hacer en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes de Gobierno». El diputado de IU ha zanjado con contundencia que «si se han cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito». En una línea estrictamente institucional, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha reiterado la llamada a la calma que ya avanzó la víspera, subrayando que es imperativo analizar detenidamente «cómo se desarrollan los hechos».
El PSOE exige la presentación de pruebas y defiende la inocencia
El Partido Socialista ha asumido una postura de defensa activa combinada con el respeto formal a los tiempos judiciales. El portavoz del grupo socialista, Patxi López, ha instado a que la justicia investigue a fondo y «vaya hasta el final», pero ha exigido que se pongan de forma perentoria las supuestas pruebas «encima de la mesa». López ha reclamado de forma taxativa el respeto riguroso a la presunción de inocencia de Zapatero, a quien, según ha remarcado enfáticamente, el PSOE seguirá «defendiendo hasta que se demuestre lo contrario».
Claves de la imputación judicial
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el «vértice» de una presunta estructura organizada de influencia transnacional. Según la tesis judicial, se investiga una trama dirigida a mediar de forma presuntamente ilícita ante autoridades tanto nacionales como extranjeras con el objetivo de obtener resoluciones administrativas favorables y ventajas económicas sustanciales para terceros. En el marco de la conocida causa ‘Plus Ultra’, Zapatero se enfrenta formalmente a la imputación de tres graves cargos penales: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
