El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dirigido una nueva misiva a la ciudadanía para blindar políticamente el Real Decreto que normalizará la situación administrativa de medio millón de personas en España. Coincidiendo con su aprobación en el Consejo de Ministros tras el pacto alcanzado con Podemos, el líder del Ejecutivo justifica la medida como un motor de «prosperidad compartida» frente a quienes «siembran el miedo», apelando tanto a la moralidad cristiana como a la sostenibilidad económica del sistema de pensiones.
La inmigración como motor de futuro
En el cuerpo de la carta, Sánchez presenta la regularización no como una concesión, sino como una «necesidad» vital para combatir el envejecimiento de la población española. Según el presidente, sin la aportación de estos nuevos trabajadores y cotizantes, la prosperidad del país se frenaría y los servicios públicos esenciales —sanidad y educación— sufrirían un deterioro irreversible.
El presidente subraya que estas personas ya están integradas de facto en la sociedad:
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- En la economía real: Trabajando en el sector de los cuidados, la agricultura y la innovación.
- En la cohesión social: Con hijos que comparten aulas y futuro con los ciudadanos nacidos en España.
- En el marco legal: El texto insiste en que la integración real solo es posible desde la regularidad, permitiendo exigir obligaciones al tiempo que se reconocen derechos.
Un consenso social «insólito»
Sánchez ha querido destacar que esta medida no nace únicamente de la voluntad del Gobierno, sino de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 600.000 firmas y cientos de organizaciones. El líder socialista resalta que la regularización ha logrado unir a sectores tradicionalmente enfrentados como la Iglesia Católica, la patronal (CEOE), los sindicatos y la sociedad civil, calificando este apoyo de hito «insólito» en un clima de alta polarización política.
Mensajes a la oposición desde China
Desde su viaje oficial en Pekín, el presidente ha respondido a las críticas de la derecha y la ultraderecha. Al Partido Popular, que cuestiona las formas del decreto, le ha pedido «coherencia» recordándole que bajo el mandato de José María Aznar también se regularizó a medio millón de inmigrantes. Respecto a Vox, que ya ha anunciado que llevará la medida a los tribunales, Sánchez ha lamentado que utilicen la migración como un elemento de «confrontación política».
La carta concluye con una nota de patriotismo inclusivo, donde Sánchez afirma sentir «orgullo de ser español» al liderar un proceso de normalización que, según sus palabras, construye la España «rica, abierta y diversa» a la que el país aspira.
