Por primera vez, el Consejo Europeo abordará este jueves la crisis de la vivienda en el continente, un asunto incluido en la agenda a petición de España y otros países. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca elevar el problema a nivel comunitario con el objetivo de lograr tanto financiación como un marco regulatorio común que ayude a mitigar la situación.
Desde La Moncloa reconocen que la vivienda es un “problema” grave en España, pero subrayan que se trata de una dificultad compartida por muchos Estados miembros de la Unión Europea. “Somos conscientes, pero no es un fenómeno exclusivamente español”, apuntan fuentes del Ejecutivo, que defienden la necesidad de una respuesta coordinada para afrontar un desafío que genera tensiones sociales en buena parte del continente.
La inclusión del tema en la agenda del Consejo coincide con la creación, por parte de la Comisión Europea, del primer comisario de Vivienda, el danés Dan Jørgensen. El Gobierno español considera este hecho una oportunidad para situar la cuestión en el centro del debate europeo y buscar vías de apoyo económico. Aunque el encuentro de hoy será meramente deliberativo y no se prevén decisiones concretas, Sánchez pretende aprovechar la ocasión para defender que Bruselas y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) puedan canalizar recursos hacia los países más afectados. El BEI, presidido por la exvicepresidenta Nadia Calviño, sería una de las principales herramientas para proporcionar liquidez al sector.
La Comisión Europea, por su parte, trabaja en el desarrollo de un Plan Europeo de Vivienda Asequible, que prevé duplicar la financiación destinada a la política de cohesión en esta materia y crear una plataforma paneuropea de inversión. Desde el Gobierno español confían en que estas medidas puedan traducirse en un impulso financiero tangible.
Además de la vertiente económica, Sánchez defiende que la UE puede desempeñar un papel clave en la regulación del mercado inmobiliario. En concreto, plantea que se establezcan normas comunes para combatir la especulación vinculada al auge de los pisos turísticos y para definir “zonas tensionadas”, medidas incluidas en la Ley de Vivienda española pero rechazadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP. La aspiración del Ejecutivo es que una directiva o marco europeo sirva como referencia obligatoria en los Estados miembros.
Sin embargo, desde Bruselas advierten de las limitaciones de una acción conjunta. El Consejo Europeo reconoce que “la magnitud de la crisis y sus causas difieren significativamente” entre los países, lo que “dificulta encontrar soluciones integrales a nivel de la UE”. En un documento interno, el organismo señala que, mientras en el sur de Europa los alquileres se disparan por la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, en el sureste los problemas derivan del hacinamiento y la falta de infraestructuras.
El informe también subraya la gravedad del caso español: alquilar una vivienda en el centro de Madrid o Barcelona cuesta el equivalente al 74% del salario medio, la segunda cifra más alta de toda la Unión Europea. Una presión económica que el Gobierno de Sánchez quiere situar en el corazón del debate europeo.
