La solicitud de abstención presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, busca que María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, se abstenga de intervenir en el caso que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.
El abogado de González Amador ha dirigido un escrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo solicitando que se traslade esta petición a Sánchez Conde. Argumenta que, aunque normalmente estas solicitudes se dirigen al superior jerárquico del fiscal, en este caso es imposible ya que implicaría dirigirse al propio investigado.
Cuatro causas de abstención han sido identificadas por la representación letrada: una posible ‘amistad íntima’ con alguna de las partes, participación directa o indirecta en el asunto, haber emitido dictamen sobre el mismo, y tener un interés directo o indirecto en el caso.
Registro del despacho del fiscal general
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En paralelo, la Fiscalía ha recurrido el registro del despacho de García Ortiz, realizado por la Guardia Civil por orden del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado. Este registro, que duró más de diez horas, también incluyó el despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien está siendo investigada junto a García Ortiz.
El recurso de apelación presentado por el Ministerio Público abarca los autos de entrada y registro en ambos despachos. Sin embargo, los detalles del recurso permanecen desconocidos debido al secreto del sumario decretado por el magistrado instructor por un mes.
Durante el registro, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaron el volcado de los ordenadores y teléfonos móviles tanto del fiscal general como de la fiscal jefa provincial de Madrid.
Este caso ha generado un notable interés público debido a las implicaciones legales y políticas que conlleva, así como por la participación de figuras destacadas del ámbito judicial y gubernamental.
