Por Gloria López
Las organizaciones de empleadas domésticas piden igualdad respecto al resto de trabajadoras, también en la aplicación de medidas excepcionales aprobadas por la crisis del coronavirus
Dos semanas después de que el Gobierno anunciara las primeras medidas sociales y económicas por la crisis de coronavirus y tras la presión ejercida desde numerosas organizaciones de trabajadoras de hogar y cuidados, el Ejecutivo dio un paso a favor del sector y aprobó el subsidio extraordinario para para el colectivo, uno de los más golpeados por la emergencia del Covid-19. Se reconoce por primera vez un subsidio de este tipo para el sector: por primera vez, precisamente, porque continúa pendiente la integración plena en el régimen general de la Seguridad Social y la equiparación de derechos con el conjunto de trabajadores y trabajadoras, a lo que contribuiría la ratificación del Convenio 189 de la OIT, postergada reiteradamente por el Estado español.
Dos días antes de que se decretara el estado de alarma el 14 de marzo, Estela recibió la llamada de la hija de Rosa, la señora de 81 años para la que ha trabajado durante algo más de dos años, cinco días a la semana, 8 horas al día, con contrato: “me despidió, así, de un día para otro, diciéndome que a partir de entonces ella se haría cargo de su mamá”. Y es que en el sector del empleo de hogar los contratos pueden romperse así, de un día para otro, como dice Estela, sin necesidad de argumentar, tan solo por el peso de la voluntad de la persona empleadora, por lo que se conoce como desistimiento.
Unas leyes injustas, que colocan a estas trabajadoras en condiciones de desigualdad respecto al resto de personas trabajadoras, hacen que las consecuencias del despido sean nulas. Ni quien despide está obligado a indemnizar, ni quien es despedida tiene derecho a cobrar el paro. Cierto que no es exactamente así, existen algunos requisitos que cumplir para aplicar un desistimiento, como reiteran expertas: en primer lugar, el empleador o empleadora tiene que notificarlo por escrito obligatoriamente; además, debe haber un preaviso con 7 días de antelación si la relación laboral es menor a un año y de 20 días cuando lo supere; por último, se tiene que indemnizar, con 12 días de salario por cada año trabajado. Pero “es muy difícil de denunciar”.
Llega una crisis como la que estamos viviendo y hasta las más “privilegiadas” se ven abocadas a la precariedad. Así se define Paola, chilena que lleva cotizando 9 años en nuestro país, con papeles, vivienda en régimen de alquiler y comida que llevarse a la boca de momento: privilegiada. Fue despedida el 13 de abril. Esa fecha, a diferencia de Estela, sí le permitirá acceder al subsidio de un mes aprobado el 31 de marzo, el 70% de la base de cotización, con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 950 euros, como tope. “Es positivo, pero muy insuficiente”, lamenta, “solo un mes, así hayas cotizado 10 años”. Además, se le ha dado al SEPE un plazo hasta el 2 de mayo para que establezca el procedimiento para solicitar el subsidio. Mientras no esté regulado el procedimiento, no se podrá ni empezar a pedir. “Con lo cual cobraremos en junio”.
Paola se define como privilegiada porque sabe por experiencia lo que significa “no tener papeles y que te pare la policía por la calle con tu hija”. Su empleadora quiso entonces darle de alta, pero no le dejaban –la ley de extranjería obliga a residir y trabajar tres años en el país sin derechos-. “La ley de extranjería es injusta, nos aboca a la esclavitud”.
Muchas mujeres que trabajan como internas lo hacen precisamente por estar en una situación administrativa irregular. Quedar sin trabajo es en su caso sinónimo de quedarse sin casa. “Como muchas están cuidando personas mayores, el coronavirus ha supuesto un riesgo enorme para ellas. Algunas se han visto obligadas a no salir de la vivienda-lugar de trabajo. Otras han sido despedidas inmediatamente”. Las organizaciones de trabajadoras domésticas se han sumado a la campaña ‘Regularización Ya’ iniciada el pasado 13 de abril con una carta al Gobierno en la que se hace la demanda urgente de regularizar a las personas migrantes y refugiadas, que en una semana logró el respaldo de 1.000 colectivos, entidades y ONG.
Fuera de las ayudas aprobadas por el Gobierno, o sin poder cobrarlas porque el SEPE todavía no ha fijado el procedimiento
Estela tiene 43 años y dos hijos que viven con su madre en Bogotá y a quienes mantiene con el dinero que envía cada mes. Esta crisis rompe varios eslabones en la llamada cadena global de los cuidados. Según las organizaciones, hay 200.000 mujeres, como mínimo, que quedan fuera de las ayudas a este sector aprobadas por el Gobierno. “Son conocidas las cifras relativas a los altos niveles de economía sumergida en este sector” explican desde el Observatorio Jeanneth Beltrán, “bien porque trabajan por horas, bien porque están en una situación administrativa irregular, y representan al menos un tercio del conjunto. Son las más vulnerables, cubren empleos esenciales, y no tendrán acceso a ninguna prestación”.
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En una carta firmada por más de 30 organizaciones y enviada a Yolanda Díaz Pérez, ministra de Trabajo, José Luis Escrivá Belmonte, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Israel Arroyo Martínez, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, se exponen razones estructurales y coyunturales que justifican la necesaria revisión de las medidas destinadas al colectivo en el contexto de la crisis del Covid-19.
La aplicación concreta de este subsidio extraordinario, aun valorado positivamente por las trabajadoras, se plasma en condiciones de desigualdad respecto a otras medidas de protección social para otros colectivos que han sido aprobadas. En primer lugar, si para el resto de trabajadores y trabajadoras se contempla el derecho a las prestaciones extraordinarias “si su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior” en el caso del subsidio extraordinario de Empleo de hogar por falta de actividad será de aplicación siempre que el hecho se hubiera producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
La cuantía del subsidio que podrán recibir las empleadas del hogar se establece en función de unos límites que no se establecen para otros sectores, sabiendo que, además, la base media de cotización en la Actividad de los hogares como empleadores de personal doméstico es la más baja de todo el sistema. Según los últimos datos disponibles, de septiembre de 2019, alcanza los 876 euros; por tanto, el subsidio extraordinario alcanzará, de media, los 613,20 euros (ni siquiera llega a los 739,25 euros que marcaban el umbral de la pobreza en el año anterior) y eso, en aquellos casos en los que se alcance esa base de cotización.
Además, a diferencia de otros sectores, la medida no recoge la exoneración de cuotas de la seguridad social para empleadores afectados por la crisis, como sí lo hace para empresas o trabajadores por cuenta propia. “Resulta inexplicable que no se contemple una medida similar para apoyar a las y los empleadores y no se fomente un mecanismo, considerado clave en otros casos, para proteger a las trabajadoras frente a los despidos en este sector”, demandan las organizaciones.
“No solo es imprescindible que las medidas extraordinarias de protección dispuestas frente a la crisis sanitaria se tomen de forma equiparada a otros colectivos de trabajadores y trabajadoras, sino que la problemática estructural de este sector laboral sea abordada de manera urgente para garantizar definitivamente plenos derechos para las trabajadoras de hogar y cuidados y acabar con una discriminación que vulnera la legislación española y comunitaria. Esta medida asistencial será anecdótica si no contamos con el reconocimiento definitivo de la prestación por desempleo para el único sector excluido del mismo, con la abolición del desistimiento en tanto modalidad de despido libre y con la regularización de las miles de trabajadoras que cubren las necesidades de cuidados de nuestra sociedad sin ningún tipo de derecho”, concluye la carta de los colectivos.
