Desde el pasado verano, la forma en que los jueces investigan en internet ha cambiado en la Unión Europea. Si un fiscal de Berlín o un juez de Roma necesita revisar los chats, correos o datos de ubicación de un residente en Madrid, ya no tiene que pedir permiso a la justicia española. Le basta con dirigir una Orden Europea de Producción directamente a la sede de la tecnológica en Irlanda o EE. UU., y esta tendrá un plazo máximo de 10 días (u 8 horas en casos de emergencia) para entregarlo todo.
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El Reglamento (UE) 2023/1543 ya es plenamente aplicable en toda la UE. Sin embargo, en España nos encontramos en una situación tan insólita como alarmante: el instrumento europeo está en marcha, pero la ley española de garantías sigue siendo un borrador.
Mientras los grandes despachos corporativos asesoran a las multinacionales tecnológicas sobre cómo cumplir con estas órdenes para evitar multas de hasta el 2 % de su facturación mundial, la perspectiva de la defensa del ciudadano queda en el aire.
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La normativa europea permite posponer la notificación al afectado para no entorpecer la investigación. Puedes estar siendo investigado por un tribunal extranjero sin saberlo hasta meses después.
Sin la ley de adaptación española en vigor, el mecanismo para recurrir en España la entrega de datos de un residente patrio carece de un marco procedimental claro en los tribunales locales.
La exención de datos protegidos por el secreto profesional o los derechos fundamentales genera dudas sobre quién y cómo filtrará la información confidencial antes de que viaje fuera del país.
