El Ministerio de Trabajo tramita un anteproyecto que declara nulo el despido del empleado que revele actividades ilícitas o de corrupción en su empresa. La norma busca reforzar la seguridad jurídica y las garantías de indemnidad de los informantes.
En plena crisis política y judicial por los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha puesto el foco en la corrupción empresarial.
Su Ministerio ha sacado a trámite de audiencia e información pública un anteproyecto de ley destinado a proteger a los trabajadores que informen sobre infracciones normativas y de corrupción dentro de sus empresas.
Despido nulo y represalias
El anteproyecto, que consta de dos artículos y tres disposiciones finales, busca explícitamente impedir las represalias contra los empleados que revelen actuaciones ilegales.
La medida más destacada es la calificación del despido: si un trabajador es despedido por comunicar actividades ilícitas o corrupción, el despido será declarado nulo.
Aunque la ley de 2023 sobre la protección de informantes ya prohibía los tratos desfavorables, el Ministerio de Trabajo argumenta que es necesario «reforzar las garantías de indemnidad de la persona informante» por razones de seguridad jurídica y eficacia.
«Conviene tener presente la jurisprudencia que niega la posibilidad de calificar como nula la extinción sin causa de un contrato de trabajo, salvo que exista algún elemento específico que lo justifique», alega Trabajo para justificar la necesidad de esta nueva norma.
El texto establece que serán nulas las órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable o una represalia contra los trabajadores por realizar una reclamación, o por la revelación de información o comunicación de actividades ilícitas.
El anteproyecto podrá recibir aportaciones y alegaciones hasta el próximo 10 de diciembre.
