El magistrado insta al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid a inhibirse al investigar los mismos hechos bajo la tipificación de delitos contra las instituciones del Estado. El exjuez García Castellón solicita personarse tras revelarse seguimientos y ofertas económicas en su contra.
MADRID, 3 de junio de 2026 — El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha solicitado formalmente al juez de instrucción del tribunal de instancia número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que se inhiba a su favor en la causa penal abierta desde hace un año contra la exmilitante del PSOE, Leire Díez. Las pesquisas investigan una presunta trama de maniobras y hostigamiento dirigida contra magistrados, fiscales y altos mandos de la Guardia Civil.
Según han confirmado fuentes jurídicas, el magistrado Pedraz fundamenta su resolución en que la competencia exclusiva para instruir estos hechos debe recaer en la Audiencia Nacional. El argumento legal central estriba en que el sumario ya no solo contempla presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias —por los que Zamarriego abrió diligencias en el verano de 2025 contra Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol—, sino que ahora se persigue penalmente un delito contra las instituciones del Estado, ámbito en el cual el alto tribunal posee la jurisdicción preferente.
Ampliación de la trama y conexión con Ferraz
Este requerimiento de inhibición se produce apenas una semana después de que el propio Pedraz dictara un auto decisivo en el que amplió significativamente el alcance y el objeto de la investigación matriz. En dicha resolución, el juez extendió la condición de investigados a siete personas de relevancia política, entre los que figuran el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías; y la gestora de la formación socialista, Ana María Fuentes.
Todos ellos se suman a los encausados iniciales, entre quienes se encuentran la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso. La tesis que maneja la instrucción describe la existencia de una red organizada con la presunta finalidad de invalidar y desactivar procedimientos judiciales que afectan de manera directa al Gobierno de Pedro Sánchez, así como a su entorno familiar más cercano.
Cabe recordar que la pasada semana, Pedraz autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a personarse en la sede socialista de la calle Ferraz. El objetivo del requerimiento formal de documentación fue recabar evidencias relacionadas con los presuntos pagos canalizados a Leire Díez en contraprestación por sus supuestas maniobras de interferencia judicial.
El catálogo de tipos penales que Pedraz atribuye indiciariamente a esta red es extraordinariamente amplio. La causa se tramita por los presuntos delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y el citado delito contra las instituciones del Estado.
García Castellón se persona como perjudicado directo
El impacto del caso ha provocado la reacción inmediata de la judicatura. El magistrado jubilado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha presentado un escrito ante el juzgado de Pedraz solicitando formalmente su personación en la causa en calidad de perjudicado, con el objetivo de ejercer la acusación particular.
En su escrito, García Castellón esgrime que el auto dictado por Pedraz constata explícitamente cómo a la presunta trama delictiva «se unió, por intereses particulares, Javier Pérez Dolset», un empresario investigado previamente en varias piezas del denominado ‘caso Villarejo’ que el propio García Castellón instruía antes de su jubilación.
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De acuerdo con los indicios reflejados en las actuaciones, Pérez Dolset se habría concertado con otros investigados clave, como el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez —actualmente en el banquillo de los acusados por la ‘pieza Kitchen’—, con el propósito expreso de obtener «información reservada, secreta o comprometedora» orientada a presionar o chantajear al instructor de la Audiencia Nacional.
La solicitud de personación recupera, asimismo, el testimonio prestado ante el juez Zamarriego por el expresidente del grupo Sacyr, Luis del Rivero. El empresario declaró en calidad de testigo que, durante el transcurso de una reunión celebrada el 7 de mayo de 2025 en la que participaron Leire Díez y Pérez Dolset, «se llegó a plantear la eventual existencia de ofrecimientos económicos» destinados al magistrado García Castellón, además de estructurar una estrategia coordinada dirigida a desacreditar sistemáticamente su labor jurisdiccional.
Para el magistrado jubilado, los pormenores detectados en ese encuentro representan un «ejemplo paradigmático de la dinámica descrita» en la resolución judicial: la utilización de un juez penal en activo como objeto de análisis, obtención de información sensible y eventuales presiones corporativas, todo ello incardinado en una estrategia criminal más amplia diseñada para influir en el desarrollo de procedimientos judiciales de alta sensibilidad política.
