La defensa del expresidente alega motivos de agenda para posponer la cita del 2 de junio. En paralelo, el sindicato Jupol exige el cese inmediato del jefe superior de Policía de Canarias por sus vínculos con la trama.
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MADRID – El ‘caso Plus Ultra’ continúa estrechando el cerco sobre el entorno del Partido Socialista y sumiendo al Ejecutivo en una crisis institucional sin precedentes. En un nuevo giro de los acontecimientos, la defensa jurídica del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha solicitado formalmente a la Audiencia Nacional el aplazamiento de su declaración como investigado, la cual estaba fijada inicialmente para el próximo martes 2 de junio.
Esta petición judicial coincide con la apertura de un nuevo frente dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la marcha del actual presidente, Pedro Sánchez, rumbo a Roma en mitad de un clima político irrespirable.
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Zapatero busca ganar tiempo ante el juez
Según han confirmado fuentes jurídicas, el equipo legal de Zapatero ha registrado un escrito ante el magistrado instructor para posponer la comparecencia en la que debe responder por presuntos delitos de tráfico de influencias, entre otros.
Aunque los motivos alegados se centran de forma ordinaria en problemas de agenda y preparación de la defensa tras el volcado de los últimos informes de la UDEF, la solicitud estira los plazos de un procedimiento que mantiene en vilo a la política nacional.
El sindicato Jupol exige purgas en la cúpula policial
La onda de choque del sumario ha alcanzado de lleno al Ministerio del Interior. Justicia Policial (Jupol), el sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, ha exigido formalmente el cese inmediato del comisario Jesús María Gómez Martín como jefe superior de Policía de Canarias.
El nombre de este alto mando policial aparece expresamente citado en el auto judicial debido a sus presuntos contactos y conversaciones con la red de intermediación del caso. La polémica en torno a Gómez Martín no es nueva: el comisario era el máximo responsable de la seguridad en el aeropuerto de Madrid-Barajas la noche del 20 de enero de 2020, fecha en la que se produjo el controvertido y clandestino aterrizaje en suelo español de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
A pesar de la gravedad de los vínculos reflejados en el sumario, fuentes oficiales del Ministerio del Interior se han apresurado a descartar, por el momento, cualquier medida disciplinaria o destitución. Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska insisten en que el comisario no figura formalmente en calidad de investigado en la causa, manteniendo la cautela y cerrando filas en torno a la jefatura canaria.
Sánchez pone rumbo a Roma en pleno clamor de dimisión
La ramificación judicial echa más leña al fuego en el plano estrictamente político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia este mismo martes un viaje oficial a Roma que incluye un encuentro crucial mañana miércoles con el Papa Francisco en el Vaticano.
El viaje internacional llega en un momento de extrema debilidad para el líder del Ejecutivo. El conocimiento detallado del sumario de la causa ha disparado la tensión en el Congreso de los Diputados, donde las peticiones de dimisión inmediata y la exigencia de responsabilidades gubernamentales por parte de la oposición y de sectores descontentos de la sociedad civil alcanzan niveles máximos, amenazando con desestabilizar por completo lo que resta de legislatura.
