El director de la Red Española de Inmigración ha anunciado que se utilizarán «todas las vías jurisdiccionales» ante las devoluciones de menores. Además, han exigido la tutela por parte de la Ciudad de estos niños y han afirmado que, si su estancia en Ceuta se alarga en el tiempo hasta superar el año, solicitarán el arraigo
La Fiscalía no ha presentado alegaciones ante la Audiencia por las devoluciones de menores a Marruecos que se llevaron a cabo durante el mes de agosto y que actualmente están paralizadas por la justicia. Así lo ha anunciado el director de la Red Española de Inmigración, Rafael Escudero, y el jefe de sus Servicios Jurídicos, Estanislao Naranjo, en declaraciones al diario digital ‘Ceuta al Día’.
Ambos han lamentado el aparente “cambio de postura” que a su juicio está adoptando la Fiscalía, que en Ceuta se posicionó a favor de la suspensión cautelarísima de las devoluciones sin procedimiento legal «pero que ahora no han presentado alegación alguna por no contradecir al Ministerio«.
Escudero ha puesto en valor la importancia de la denuncia a estas devoluciones de menores y la decisión final que tome el Sistema Judicial. “Este caso es importante para el movimiento migratorio porque por primera vez el cortafuegos de los delegados del Gobierno no deja indemnes a nivel judicial al ministro del Interior, al secretario de Estado o a la cúpula policial por una actuación de deportación, por eso interesa sobremanera que no prosiga este caso, pero tenemos la firme convicción de que no se ha obrado conforme a Derecho y de que se han vulnerado derechos fundamentales”, ha advertido.
Además, ha anunciado que desde su Asociación, si finalmente la Audiencia Nacional considera legales las deportaciones de estos menores, no dudarán en utilizar «todas las vías jurisdiccionales para recurrir ante el Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
Por otra parte, desde la Red Española de Inmigración han exigido a la Ciudad Autónoma que declare la tutela formalizada de los menores que llegaron durante la crisis migratoria del mes de mayo. “Que la administración local no esté asumiendo la tutela es otra conculcación de sus derechos, pero ante esa situación de hecho iniciaríamos un nuevo procedimiento Contencioso porque se habría incumplido la obligación sin culpa del menor”, ha expresado.
Por último, desde la Asociación han anunciado que, si esta situación se alarga en el tiempo, solicitarán el arraigo, por lo que «los menores que alcancen la mayoría de edad habiendo pasado por la tutela de administración pública deben tener residencia temporal no lucrativa por un año”.
