Ucrania es el país europeo por excelencia en lo que respecta a los vientres de alquiler, un negocio que se nutre de «la pobreza» y se sostiene sobre un «sistema corrupto», señala la jurista Núria González. Las expertas temen que las consecuencias de la guerra den impulso a una industria que podría aprovecharse de la necesidad extrema de las mujeres ucranianas
Por Sabela Rodríguez Álvarez
«Nunca es un buen momento para empezar un proceso de gestación subrogada. Siempre sucede algo: la guerra civil, el derribo de un avión de una línea aérea civil por los rusos, siete cambios legislativos para complicar la gestación subrogada, el SARS20, gripe aviar, la pandemia que iba a durar quince días, la crisis económica, ahora una guerra». El mensaje proviene de Gestlife, una de las muchas agencias que intermedian para la adquisición de un bebé mediante gestación subrogada, una técnica ilegal en España pero al alza en muchos países del entorno. En la cima del ranking europeo se encuentra uno: Ucrania, conocida como el «útero de Europa». La invasión rusa ha puesto el foco en el negocio de los vientres de alquiler en el país que preside Volodímir Zelenski.
Varias familias españolas llevan semanas denunciando en medios y redes sociales el limbo en el que se encuentran desde que estallara el conflicto en suelo ucraniano. Son parejas inmersas en procesos de gestación subrogada que han quedado interrumpidos por la escalada bélica, con la particularidad de que, a diferencia de otras operaciones de compra-venta, un embarazo no se pausa. El PSOE denunció al inicio del conflicto que la guerra había «desnudado el discurso de miles de europeos que tienen un vientre comprado en Ucrania». «Hemos visto argumentos que sitúan a las mujeres como si fueran cajas de Amazon, en lugar de seres humanos sufriendo una guerra», publicó el partido en redes sociales. Del otro lado, el PDeCAT demandó al Gobierno agilizar la inscripción de los bebés nacidos por vientres de alquiler en Ucrania, una propuesta que se ha encontrado con el rechazo frontal del resto de grupos parlamentarios en el marco de la Comisión de Infancia.
La gestación subrogada está consolidada en Ucrania a través de distintas herramientas legislativas, siendo la principal el propio Código de Familia. Su artículo 123.2 establece que «si un óvulo concebido por los cónyuges se implanta a otra mujer, los esposos serán los padres del niño». A su vez, la Ley sanitaria indica las condiciones relativas a la fecundación artificial e implantación del embrión y el Código Civil determina las personas que tienen derecho a acceder a los programas de técnicas reproductivas. Y la orden ministerial número 787 regula la aplicación de las metodologías reproductivas. El servicio está dirigido a parejas casadas –también extranjeras, a diferencia de otras legislaciones como la portuguesa–, heterosexuales y con alguna conexión genética con el bebé. La madre biológica, además, tiene prohibido iniciar cualquier tipo de proceso legal para reclamar la custodia. Pero sobre todo, ahí es donde inciden las agencias, se trata de uno de los países más económicos para iniciar el procedimiento. Los precios oscilan entre los 29.900 y los 50.000 euros, según publicitan las agencias. La ley de reproducción asistida permite, además, seleccionar el sexo del bebé antes de transferir los embriones a la madre. Algo así como una elección a la carta.
En mayo de 2020, el Defensor del Menor de Ucrania lanzó un mensaje en redes sociales denunciando «la comercialización» que supone «la venta de niños ucranianos en el extranjero» a través de la gestación subrogada. El mandatario calificó el proceso como «explotación de mujeres con el fin de ganar ingresos para negocios privados y satisfacer las necesidades de los adultos», algo que a su juicio «viola los derechos del niño».
Según el Defensor del Pueblo para los Derechos del Niño, la gestación subrogada es explotación de mujeres con el objetivo de obtener beneficios para negocios privados y satisfacer las necesidades de adultos, pero esto viola los derechos del niño.
A nivel global, el Parlamento Europeo ha recordado en reiteradas ocasiones, la última el pasado año, su «condena de la práctica de la gestación subrogada» y la política de la Unión Europea al respecto, «en la medida en que menoscaba la dignidad humana de la mujer, puesto que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una mercancía». Es, según la Eurocámara, un «asunto urgente» en materia de derechos humanos.
«No se esconden: lo suyo es una industria»
Núria González, jurista y autora de Vientres de Alquiler. La mala gente (2021, Luz y taquígrafo), lo resume de la siguiente manera: «Ucrania es el abanderado del modelo comercial. No se esconden: lo suyo es una industria». El atractivo de Ucrania reside en diversas variables: es el país más barato –la diferencia entre los 30.000 de Ucrania y los 100.000 de Estados Unidos es abismal–, es cercano para los españoles –unas cuatro horas de avión– y el fenotipo resulta un aliciente para las familias –niños y niñas de rasgos occidentales, blancos y generalmente rubios–.
La activista Katia Free lleva tiempo investigando sobre el negocio en el país del este europeo. «De unos años a esta parte, la industria reproductiva low cost se ha ido trasladando a Ucrania», como consecuencia del cierre a parejas extranjeras en países como la India o Tailandia, así como «la necesidad de la industria de salir de los países considerados muy pobres, donde era evidente la explotación», señala a preguntas de este diario. Ucrania se presentó como una opción cautivadora: se trataba de un «lugar empobrecido, pero del continente europeo». Así, surgió como uno de los «países emergentes en cuanto a turismo reproductivo».
Pero todo tiene su contrapartida: «Es más barato porque no se respetan los derechos humanos», completa González. De hecho, continúa, «no se respeta ni la ley». En el año 2018, el entonces fiscal general de Ucrania, Yuriy Lutsenko, acusó formalmente a la clínica BiotexCom –una de las dominantes del sector– de delitos de tráfico de personas, falsificación de documentos y fraude fiscal. El ministro de Justicia ucraniano denunció entonces las irregularidades de la clínica y su director ejecutivo, Albert Totchilovski, llegó a estar en arresto domiciliario. Pero con el cambio de gobierno la investigación se diluyó hasta desaparecer. «Cuando cambió el gobierno, cambió el fiscal y se archivó», señala González. Albert Totchilovski acaba de adquirir un refugio antiaéreo cerca de su clínica en Kiev, donde ya ha trasladado a decenas de recién nacidos.
En España, hace ahora tres años, la entonces fiscal general María José Segarra encargó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigara a la empresa BiotexCom por los mismos delitos que se le imputaban en Ucrania. No ha sido anunciado públicamente ningún avance desde entonces.
Corrupción y pobreza
Las razones que explican el atractivo y la rentabilidad de este negocio en suelo ucraniano son varias, según explica la jurista, especialmente «los niveles altísimos de corrupción y la pobreza». El Tribunal de Cuentas europeo señalaba en un análisis publicado en septiembre de 2021 que las iniciativas europeas para reducir la «gran corrupción» en el país, generalizada y enquistada a pequeña y gran escala, habían ofrecido «resultados todavía insuficientes». Por su parte, el salario mínimo en el país está por debajo de los 200 euros al mes y una cuarta parte de la población vive en el umbral de la pobreza. Entre 2015 y 2019, según indica Unicef, el país experimentó un descenso de la pobreza que venía de alcanzar cifras récord, pero la crisis sanitaria prácticamente anuló cualquier viso de avance. Un análisis publicado en junio de 2020 por el Instituto de Estudios Demográficos y Sociales de Ucrania, MV Ptukha, pronosticaba que casi la mitad de los ucranianos experimentarían la pobreza en ese mismo año. Una previsión que se ha agravado con el estallido de la guerra. La ONU ha dicho ya que hasta un 90% de los ucranianos podría acabar viviendo en la pobreza o en riesgo de caer en ella. En Ucrania, la gestación subrogada no es la conocida como «altruista»: sí hay una compensación económica para las madres que se sometan al proceso.
Las estimaciones actuales, parciales debido a la falta de datos oficiales, apuntan que Ucrania exporta alrededor de dos mil niños cada año. Y de ellos, se calcula que el destino mayoritario es España. Si la situación de partida es sangrante, el conflicto armado no hará más que agravarla. Es importante recordar que «muchas mujeres estaban ya separadas de sus familias antes de la guerra, por obligación contractual a partir del tercer mes de embarazo», señala González. La situación previa de separación incrementa la sensación de incertidumbre e impunidad ante una guerra de dimensiones aún por cuantificar. «El conflicto del Donbás ya dejó a muchas mujeres vulnerables», afirma Free, una realidad que la actual guerra apuntalará. «Muchas madres jóvenes quedarán viudas y empobrecidas, otras migradas en condiciones difíciles y con pocas posibilidades de regresar a su país», lamenta la activista. Y a mayor necesidad, mayor rentabilidad para las empresas al frente.
