La acusación popular en el caso de la devolución de menores insiste en investigar los servicios contratados por la Ciudad Autónoma tras la crisis de mayo, por la «la falta de viabilidad y total inoperancia de instalaciones así como el nulo control y seguimiento»
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La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, acusación popular en el caso que se sigue por la devolución de 55 menores a Marruecos en agosto del 2021, ha emitido una valoración tras la declaración de los dos primeros testigos: la jefa del Servicio de Protección de Infancia de la Ciudad Autónoma, Antonia Palomo, y el jefe en la frontera del Cuerpo Nacional de Policía.
La Red ha informado que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ceuta ha bloqueado las preguntas sobre los fondos, su seguimiento y la contratación pública. Esto provocará que la acusación «pida y presente nuevas medidas al respecto dado las afirmaciones de algunos testigos que acreditan la falta de viabilidad y total inoperancia de instalaciones así como el N Y nulo control y seguimiento de dichos servicios».
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Además, en un comunicado han destacado las claves de la declaración de Palomo, que ha asegurado que jamás se reunió con la Comisión competente de Infancia y que no se pidieron informes jurídicos, ni se se hizo informe de vulnerabilidad de los menores, y del jefe del Cuerpo Nacional de Policía en la frontera, que ha dicho que no recibió nunca órdenes por escrito. El policía ha señalado además a varios superiores que serán llamados como testigos por la acusación popular.
La Red ha informado que evaluará nuevas medidas y, a raíz de los testimonios de hoy, proponer que se llamen a nuevos testigos e, inclusive, «se reserva el derecho, habida cuenta de la grave dejación en la contratación pública y su seguimiento, de abrir otro proceso al constatar que jamás se respetó la normativa de Infancia en ninguno de los casos de estos menores».
