A menos ya de un año para el fin de la legislatura, el Gobierno sigue sin aprobar la Ley por el Derecho a la Vivienda, una de sus medidas estrella incluidas en el acuerdo de coalición. Sólo en los años 2021 y 2022 se habrán ejecutado más de 80.000 desahucios, muchos de ellos de personas vulnerables a las que no se ha ofrecido alternativa habitacional, y en su gran mayoría por impago de alquiler, aunque hay aún un buen número por impago de hipoteca. A la vez, los precios de los alquileres continúan subiendo sin ningún límite y los hogares inquilinos destinan porcentajes que alcanzan el 80% de sus ingresos a pagar las rentas, mientras el acceso a la vivienda a través de compra se ha convertido en una posibilidad remota para la mayor parte de la población. También las sucesivas subidas de los tipos de interés, están elevando sustancialmente las cuotas hipotecarias.
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España sigue incumpliendo sus compromisos internacionales y el mandato Constitucional en materia de Derechos Humanos al ignorar los dictámenes sobre vivienda del Comité DESC de Naciones Unidas.
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La vivienda, puerta ineludible para el acceso a otros Derechos Fundamentales, tras décadas de políticas erróneas o interesadas, ha quedado relegada a simple objeto de consumo y de inversión. La Ley por el Derecho a la Vivienda debe poner fin a estas Políticas de transferencia sistemática de enormes cantidades de dinero público a bolsillos privados, que nos han llevado a tener un raquítico parque público de vivienda (menos del 2%) muy por debajo de la media europea (10%), y a distancias siderales de países como Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido o Austria.
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Para revertir esto es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda resulte realmente un instrumento útil que permita el acceso a este bien de primerísima necesidad, con independencia del nivel de renta de cada persona, que acabe con el sinhogarismo y que, tal y como la Constitución mandata, impida o limite seriamente la especulación. Para esto, la Ley debe incluir:
- La prohibición de desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional como nos exige el Comité DESC de la ONU, eliminando los desalojos que implica la reanudación automática del procedimiento de la Disposición Final 5ª.
- Aprobar una regulación de alquileres efectiva y aplicable en todos los territorios y para todos los caseros. Dotar de derechos de representación a los inquilinos y prohibir el cobro de los honorarios a los inquilinos.
- Establecer la obligación para los grandes tenedores de ofrecer un Alquiler Social a las personas vulnerables antes de iniciar una demanda que pueda acabar en desahucio.
- Paralizar de inmediato la venta de viviendas de la SAREB y modificar su objeto social transferir sus viviendas y terrenos a los Parques Públicos de las Comunidades Autónomas, a través de las entidades públicas de vivienda o de las instituciones que se destinen al efecto.
- Garantizar la protección del Derecho a la vivienda con un blindaje igual al derecho de propiedad, corrigiendo los términos vacíos o ambiguos que desarticulan su protección jurídica, como sucede en los artículos 1.1, 7.1 y 8.1 de la Ley.
Son medidas que hasta el momento el PSOE rechaza alineándose con la banca, los fondos buitre, las constructoras y las derechas, pero ahora debe elegir entre seguir facilitando la avaricia especuladora o proteger a la población de una crisis habitacional que lleva años generando una enorme angustia y sufrimiento a cientos de miles personas. El PSOE, el partido que más años ha gobernado desde la aprobación de la Constitución, es por tanto el mayor responsable de la situación descrita. Es inaplazable asegurar un horizonte de esperanza, futuro y seguridad para la inmensa mayoría social que padece para acceder y mantener una vivienda digna y adecuada.
Las organizaciones que integramos la Iniciativa Ley Vivienda estamos convencidas de que sí se puede, puesto que nuestras reivindicaciones cuentan con el respaldo de todos los demás partidos de la mayoría progresista, y esperamos de ellos que se mantengan firmes y no den su aprobación a una ley que no resuelva realmente los problemas ni garantice el Derecho a la Vivienda. Por nuestra parte, seguiremos peleando por lograrlo, y señalando a los culpables mientras no se consiga.
¡Sí se puede!
