Los debates sobre el futuro de los cuidados deben dar prioridad a las condiciones laborales y las oportunidades profesionales, o de lo contrario peligrarán los derechos de los discapacitados, advierte un experto independiente en derechos de la ONU
Gerard Quinn, relator especial de la ONU* sobre los derechos de las personas con discapacidad, afirmó que «los trabajos sin futuro, los salarios bajos, las malas condiciones y el escaso margen para la movilidad social» en el sector de los cuidados no son una forma de construir sistemas resistentes, como ha demostrado la pandemia de COVID-19.
Las cuidadoras, en grave desventaja
Durante su intervención en la apertura de la última sesión del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Ginebra, Quinn destacó la situación especialmente desfavorable de las cuidadoras.
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«La feminización de la pobreza, por la que las mujeres cuidadoras casi siempre se ven gravemente desfavorecidas, no puede continuar», dijo, y añadió que ser «serios» con los derechos significa que «tenemos que ser serios con el ecosistema que los hace realidad o que los socava«.
Quinn subrayó que los debates sobre los derechos de las personas con discapacidad tienen que incluir un enfoque sobre los derechos de las mujeres, así como concienciar a los proveedores de servicios del sector, una «industria multimillonaria», de que ellos también tienen un papel que desempeñar en el cumplimiento de los derechos humanos.
Discapacidad y conflicto
Según el relator, lejos de ser un «instrumento aislado o herméticamente sellado», la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad «pulsó un botón de reinicio en muchos ámbitos: clima, conflictos, desarrollo, democratización».
El relator especial presentó un avance de su próximo informe sobre conflictos y discapacidad, que se publicará en octubre, y afirmó estar «conmocionado» al saber que sólo el 6% de los tratados de paz de los últimos 30 años mencionan la discapacidad.
Deploró esta «oportunidad perdida» de construir un futuro más integrador en un momento crucial de la vida de cualquier comunidad, e insistió en que tenía que cambiar, al igual que el hecho de que «las disculpas oficiales, la responsabilidad penal, las reparaciones y la conmemoración de los errores del pasado tienden a excluir a las personas con discapacidad».
Guía política sobre el cuidado
Asako Hattori, que también intervino en la inauguración del Comité en nombre de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dijo que siguen trabajando en el tema de los sistemas de atención y apoyo inclusivos y que actualmente están preparando un informe sobre buenas prácticas para la inclusión de las personas con discapacidad, que se presentará al Consejo de Derechos Humanos el año que viene.
Subrayó que, desde abril, la Oficina ha contribuido a la elaboración de una orientación política sobre «cuidados» para todo el sistema de las Naciones Unidas.
Según la Oficina, se calcula que en el mundo hay 1000 millones de personas con discapacidad, es decir, alrededor del 15% de la población mundial.
Para ayudar a defender sus derechos, el Comité, un organismo formado por 18 expertos independientes, supervisa el modo en que los países aplican la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y les formula recomendaciones.
Hoy en día, 187 Estados han ratificado la Convención, que entró en vigor en 2008. Durante su actual periodo de sesiones, que se prolongará hasta principios de septiembre, el Comité examinará los informes de Alemania, Andorra, Austria, Israel, Malawi, Mauritania, Mongolia y Paraguay.
