El presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, el melillense José Luis Martínez Lázaro, ha denunciado este domingo «la inseguridad jurídica de las empresas de Melilla y Ceuta» por el decreto del Gobierno de la Nación que reforma el sistema de bonificación a la Seguridad Social a empleados y empresas en las dos ciudades españolas del norte de África.
José Luis Martínez ha recordado que los empresarios de ambas ciudades autónomas venían disfrutando desde 2004 de una bonificación en las cuotas patronales de la Seguridad Social. Dicha bonificación quedó fijada en el 50% y fue mantenida en varias disposiciones posteriores.
Sin embargo, ha criticado que el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo central para su aplicación desde el 1 de septiembre de 2023, en su Disposición derogatoria única, deroga expresamente, entre otras, «la disposición adicional vigésima tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social» y, por tanto, suprime «directamente la bonificación del 50% y, en compensación, establece en su artículo 31 una bonificación fija de 262 euros en las cuotas patronales de los trabajadores con contratos indefinidos».
Martínez ha asegurado que «todas las organizaciones empresariales y partidos políticos de ambas ciudades –salvo el PSOE, promotor del ‘hachazo’–, e incluso los sindicatos mayoritarios de Ceuta pusimos el grito en el cielo pidiendo la derogación –valga la redundancia– de la Disposición derogatoria que nos afectaba y, consecuentemente, del artículo 31 para que la bonificación se mantuviese en los mismos términos o incluso se mejorase, ampliándola a otros sectores de actividad, tal y como se nos prometió en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico del Gobierno».
El presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar ha explicado que «tras muchas promesas y falsas esperanzas de que lo iban a solucionar rápidamente por parte de la sempiterna sonriente señora Sabrina Moh, a la sazón delegada del Gobierno en Melilla y secretaria de Organización del PSOE de Melilla», el día 19 de julio se publicó el RD 660/2023 que, en su Preámbulo, reconoce que «la no aprobación de este real decreto tendría un impacto negativo, como se deduce de lo expuesto en el apartado anterior, en la consecución de dicha finalidad y, por tanto, un impacto totalmente opuesto a los objetivos que se pretenden con los mencionados planes integrales».
«O sea –ha proseguido el empresario–, que el RDL 1/2023 era y es nefasto para Melilla y Ceuta, según reconocen ellos mismos y tal como nosotros habíamos denunciado desde el minuto uno».
Martínez ha criticado por ello que el mismo día que entraba en vigor el RDL 1/2023, «la delegada del Gobierno en Melilla se descuelga con unas declaraciones sorpresivas y totalmente contrarias a lo que venía diciendo los últimos meses y se despacha con la noticia –sin explicación jurídica alguna que la sustente– de que esta medida sólo será de aplicación a los trabajadores que sean contratados a partir del 1 de septiembre, y que para los trabajadores contratados antes de esa fecha se mantendrá la bonificación en las condiciones anteriores».
El dirigente empresarial ha dicho que esperan las explicaciones y el fundamento jurídico de este «cambio de opinión» y cómo se justificará ahora todo lo contrario de lo que les han venido diciendo estos ocho meses, «y cómo se resuelve la discriminación que se va a producir entre unos trabajadores y otros de la misma empresa según la fecha en que hayan sido contratados y según les sea de aplicación o no el acuerdo de 2012 del reparto de la bonificación».
«Eso en mi pueblo y en todas partes se llama inseguridad jurídica, que es lo que más teme un empresario a la hora de decidir una inversión o una contratación de nuevos trabajadores», ha concluido.
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