La FeSP ha colaborado en la investigación que realiza la Comisión Europea para ver el grado de cumplimiento de sus recomendaciones.
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El Gobierno español aún no ha puesto en marcha prácticamente ninguna de las recomendaciones que planteó hace dos años la Comisión Europea (CE) para la protección, la seguridad y el empoderamiento de los y las periodistas.
La Comisión Europea, con la colaboración de distintas organizaciones -entre ellas, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)-, está realizando un estudio para conocer el grado de aplicación de esas recomendaciones. Ese trabajo aún no ha finalizado, pero la CE ya ha constatado que España no ha implementado un plan o una legislación específica sobre esta materia ni otras medidas.
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La Unión Europea se considera uno de los lugares más seguros del mundo para ejercer el periodismo, pero la CE ha señalado que en los últimos años han aumentado las amenazas, ataques, intimidaciones y presiones contra profesionales de la información, e incluso algunos asesinatos. Por eso, en septiembre de 2021 aprobó unas recomendaciones para la protección, la seguridad y el empoderamiento de los y las periodistas, con el fin de reforzar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la UE.
El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, ha mantenido una entrevista telemática con dos de las personas encargadas de realizar ese informe, a petición de ellas. En ese encuentro han constatado que en España aún no se ha implementado prácticamente ninguna de las medidas que la CE pidió a los Estados miembros que adoptaran con el fin de garantizar unas condiciones de trabajo más seguras para los y las profesionales.
Entre otras recomendaciones de la CE no cumplidas, en España no se han adoptado medidas específicas para proteger a los y las periodistas durante las manifestaciones y protestas; tampoco hay un protocolo para mantener un diálogo permanente entre las autoridades policiales y la profesión periodística, y no se les facilita asistencia jurídica o psicológica oficial, sólo la que ofrecen los sindicatos o asociaciones a su afiliación.
Otras recomendaciones de la CE que tampoco se han puesto en marcha son cursos de formación específicos centrados en las minorías y la violencia contra las mujeres periodistas; no existe una protección social específica que tenga en cuenta las peculiaridades del trabajo periodístico; no hay grupos de trabajo para prevenir y luchar contra los ataques y amenazas en línea, y tampooco se recopilan datos oficiales sobre las agresiones y discriminación de las mujeres periodistas, minorías y profesionales que informan sobre los asuntos de igualdad.
El Gobierno español tampoco ha puesto en marcha campañas de sensibilización para prevenir y combatir la violencia contra los y las periodistas.
Los únicos cambios legislativos que se iniciaron en la última legislatura, pero que tampoco fueron aprobados debido a la disolución de las Cortes por las elecciones generales, han sido la propuesta para modificar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como Ley mordaza) y el proyecto de Ley Orgánica de Protección del Secreto Profesional del Periodismo.
