APDHA, con motivo del Día de las Personas Migrantes, denuncia que el documento que debate el Parlamento Europeo supone una degradación de los principios y valores morales que sustentan la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo contempla el pago de 20.000 € por cada persona migrante a abonar por parte de aquellos estados que no quieran hacerse cargo de su acogida. APDHA cree que la UE “se está rindiendo a las posiciones de la extrema derecha” y que el nuevo Pacto sobre Migración puede “alentar la propaganda xenófoba”
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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia a través de un comunicado que el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que estos días se debate en el Parlamento Europeo, supone una alarmante limitación de la protección internacional y del derecho al refugio, que quedarían reducidos “a un ejercicio de caridad por parte de los estados europeos”. APDHA ha mostrado su preocupación por la cuota de 20.000 euros por cada persona migrante que habrán de desembolsar aquellos estados que no quieran hacerse cargo de su acogida y denuncia que “este dinero no va a invertirse en reforzar la protección a las personas migrantes, sino en sufragar deportaciones y en militarizar y externalizar las fronteras”.
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APDHA explica que el nuevo texto podría “dar carácter legal a prácticas como las devoluciones en caliente, la suspensión del espacio Schengen o la privación de libertad de las personas solicitantes de asilo, que podrán ser recluidas en macro cárceles”. La asociación andaluza entiende que estas medidas suponen “una degradación de los valores y los principios morales que sustentan el carácter fundacional de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. El objetivo de estas medidas parece ser “evitar la entrada mediante procedimientos en frontera de potenciales solicitantes de asilo” y, para ello, se emplearán procedimientos tan poco garantistas como la tasa de solicitudes aprobadas respecto del país del que proviene el solicitante”. Es decir, para los ciudadanos y ciudadanas de países con una tasa de solicitudes aprobadas inferior al 20% será imposible reclamar protección. Se trata de lo que diferentes colectivos y movimientos sociales definen como un “pre-screening”, que podría minar las salvaguardas fundamentales del derecho de asilo y la obligación de una revisión individualizada.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía entiende que el nuevo Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo puede convertirse en “un caldo de cultivo perfecto para la propaganda xenófoba” y recuerda que partidos de extrema derecha, como La Lega en Italia, se hizo popular “gracias a un discurso que apuntaba que Europa obligaba a Italia a mantener a los inmigrantes”. La APDHA, en este sentido, lamenta que la Unión Europea “se rinda cada vez más a las posiciones de la extrema derecha” y cree que es “descorazonador contemplar a qué han quedado reducidos los principios que alumbraron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada hace 75 años, y la arquitectura de la Unión Europea”.
La entidad andaluza cree que el nuevo documento que debate la UE es “un paso más en la externalización del control migratorio y de las responsabilidades de protección internacional” y denuncia los acuerdos firmados con países como Libia, Túnez, Turquía o Egipto, que “pese a ser considerados países seguros por Europa, acumulan denuncias por graves violaciones de los derechos humanos”. La APDHA, en este sentido, también ha mostrado su preocupación por el acuerdo alcanzado por Italia y Albania para la construcción, fuera del territorio de la UE, de una macrocárcel para potenciales solicitantes de asilo y que, según la comisaria Ylva Johansson, no infringe la legislación europea porque queda fuera del ámbito de aplicación de sus leyes.
Tal y como denuncian organizaciones pro-derechos, el nuevo Pacto sobre Migración “tendrá un tremendo impacto en las comunidades racializadas, cuyos individuos pueden enfrentarse a una detención sin garantías jurídicas, lo cual podría tener consecuencias irreversibles sobre sus vidas y las de sus familias”. APDHA estima que “más de medio millón de personas en situación irregular podrían verse afectadas por este Pacto, convertido en una espada de Damocles sobre las cabezas de quienes desempeñan trabajos esenciales para la comunidad” y reclama la aprobación por parte de las Cortes Generales de la ILP presentada por colectivos de personas migrantes, con el apoyo de más de 600.000 firmas, para la regularización de este colectivo.
APDHA lamenta que la UE siga desarrollando políticas que equiparan la migración con el tráfico ilícito y señala que la profundización en esta idea “no hará más que multiplicar la muerte o el riesgo de muerte para aquellas personas que luchan por alcanzar una seguridad vital de la que carecen en sus lugares de origen”. La asociación andaluza recuerda que este tipo de medidas y de prácticas para la gestión de las fronteras condujeron a la muerte a 15 personas en la playa del Tarajal (Ceuta), unos asesinatos de los que en el próximo mes de febrero se cumplirán ya 10 años.
