Presentan una querella por cinco delitos contra Hacienda, alegando que la Fiscalía informó al emérito de investigaciones abiertas, impidiendo que los delitos prescribieran.
Un grupo de destacados ex magistrados del Tribunal Supremo, antiguos fiscales anticorrupción e intelectuales han presentado una querella contra Juan Carlos I en la Sala Penal del Tribunal Supremo. Lo acusan de cinco delitos fiscales graves, cometidos entre 2014 y 2018, y sostienen que estos no han prescrito debido al uso de un entramado internacional de fundaciones como Zagatka y Lucum, radicadas en Suiza y Liechtenstein, para ocultar ingresos y dificultar el control tributario.
La querella critica que la Fiscalía comunicara al emérito la existencia de investigaciones abiertas, lo que permitió que regularizara más de 5 millones de euros en 2020 y 2021 con datos proporcionados por Anticorrupción. Según los denunciantes, esta acción anula el efecto despenalizador de la regularización fiscal, ya que fue realizada tras tener conocimiento formal de las diligencias en curso. También señalan que el uso de estas fundaciones configura un delito agravado, con penas de 2 a 6 años de cárcel y una prescripción de 10 años.
El texto detalla las investigaciones llevadas a cabo previamente por la Fiscalía, incluyendo el presunto uso de tarjetas opacas, el cobro de comisiones ilegales por el AVE a La Meca y la gestión de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Además, subraya la supuesta participación activa del emérito en la ocultación de su patrimonio y cuestiona la validez de las regularizaciones fiscales como estrategia para eludir responsabilidades penales.
Los querellantes, liderados por los juristas José Antonio Martín Pallín y Eduardo Ranz, argumentan que las acciones de Juan Carlos I vulneraron los principios de igualdad ante la ley y solidaridad tributaria. Afirman que las irregularidades denunciadas no solo dañan la Hacienda Pública, sino que comprometen la credibilidad de las instituciones democráticas, especialmente al tratarse de una figura pública que ostentó la Jefatura del Estado.
En el texto también solicitan que se cite a declarar al emérito y a otras personas vinculadas, como su primo Álvaro de Orleans y sus asesores financieros Arturo Fasana y Dante Canónica. Asimismo, piden que representantes legales de las sociedades implicadas testifiquen ante el tribunal.
Esta querella, respaldada por destacados juristas y académicos como Javier Pérez Royo y Carlos Jiménez Villarejo, busca demostrar que las acciones del exmonarca no solo infringen el Código Penal, sino que representan un ataque a los valores éticos y legales que deben regir una democracia. «Nuestro objetivo es fortalecer la justicia y garantizar la igualdad ante la ley», concluyen.
