La Fiscalía pide para ambas, ya retiradas de la política, 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos, así como “la pérdida de los honores asociados” a los cargos de delegada del Gobierno y vicepresidenta de la Ciudad. La Red Española de Inmigración solicita que la pena se eleve a 15 años y se extienda a desempeñar empleos públicos.
La Audiencia ha rechazado que sean citados como testigos el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas. Entiende que el procedimiento no está dirigido contra ellos y no cabe en esta fase “determinar si hay más implicados” que Mateos y Deu en los supuestos hechos delictivos.
El Ministerio Público entiende que las dos procesadas actuaron al margen de la ley para devolver menores llegados a Ceuta durante la crisis de mayo de 2021 a Marruecos “sin tramitar procedimiento alguno”, algo “contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional”.
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Según la calificación de la Fiscalía obviaron la posible situación de vulnerabilidad de los niños y no tuvieron en cuenta su interés superior hasta que la Justicia ordenó paralizar las expulsiones, ya reprobadas por la vía de lo Contencioso-Administrativo hasta en el Supremo.
La defensa de Mateos ha venido alegando que en ningún caso hubo dolo o arbitrariedad y que en cualquier caso una interpretación “errónea” de la legislación no implica prevaricar. La de Deu ha hecho hincapié en que se produjeron “retornos asistidos”, no “repatriaciones”, amparadas por un Acuerdo bilateral de 2007 y en respuesta a un “mandato” de Interior.
