El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado la entrada masiva de personas desde Marruecos como una “violación de la integridad territorial de España” y ha prometido utilizar “todos los resortes” del Estado para restablecer la seguridad en Ceuta. El Ejecutivo reforzará el despliegue policial, instalará una barrera de boyas junto al espigón y acelerará las devoluciones mediante la cooperación con las autoridades marroquíes.
Pedro Sánchez ha elevado este viernes el tono del Gobierno ante la crisis migratoria de Ceuta, después de desplazarse a la ciudad autónoma junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para evaluar la situación sobre el terreno.
El jefe del Ejecutivo aseguró que las entradas registradas durante las últimas horas representan una “violación de la integridad territorial de España” y trasladó su respaldo a la población ceutí. También garantizó que el Estado actuará con todos los medios disponibles para recuperar la normalidad, proteger las fronteras y garantizar la convivencia.
Sánchez atribuyó el repentino aumento de las llegadas a una “lectura interesada” de una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las personas interceptadas en el mar cuando intentan alcanzar Ceuta o Melilla a nado.
Según la explicación ofrecida por el presidente, las redes dedicadas al tráfico de personas habrían difundido la idea de que quienes llegaran por vía marítima no podrían ser devueltos inmediatamente porque no habrían superado una barrera física fronteriza. Ese mensaje, aseguró, se propagó rápidamente y animó a miles de jóvenes a intentar el cruce.
Esta vinculación representa la interpretación del Gobierno sobre el origen de la movilización. La sentencia no impide todas las devoluciones, sino que limita la aplicación automática del rechazo en frontera a quienes son interceptados en el mar sin haber superado un elemento físico de contención.
Como respuesta, el Ejecutivo ha anunciado la incorporación de 400 efectivos adicionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Estos agentes trabajarán junto a las unidades ya desplegadas y a los militares movilizados para apoyar las tareas de vigilancia, seguridad y asistencia en la ciudad.
Sánchez también confirmó que se ha solicitado la colocación de boyas en el espigón fronterizo del Tarajal. El objetivo es crear una barrera física que permita reforzar el control marítimo y adaptar el dispositivo a la interpretación establecida por el Tribunal Supremo.
El presidente aseguró que ya han comenzado las primeras salidas de personas que entraron irregularmente y agradeció la colaboración de Marruecos para acelerar los retornos. El Gobierno español descarta responsabilizar a Rabat de la crisis y centra sus acusaciones en las organizaciones criminales que habrían difundido informaciones engañosas.
Las devoluciones deberán realizarse mediante los procedimientos legales establecidos y teniendo en cuenta la situación individual de cada persona. Los menores no acompañados, los posibles solicitantes de protección internacional y otros colectivos vulnerables requieren garantías específicas y no pueden ser objeto de repatriaciones colectivas automáticas.
La crisis ha dejado ya al menos 27 fallecidos, según el último balance provisional, principalmente personas que murieron mientras intentaban alcanzar Ceuta a nado desde la costa marroquí. Las labores de búsqueda continúan y la cifra podría variar a medida que avancen las actuaciones de los equipos de emergencia.
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Sánchez responsabilizó a las mafias de poner en peligro la vida de quienes emprendieron el cruce y defendió la política migratoria de su Ejecutivo, basada en el control fronterizo, la cooperación con los países de origen y tránsito, la lucha contra las redes criminales y las medidas de integración.
El presidente recordó además que la frontera entre África y Europa concentra una de las mayores diferencias económicas del mundo, una realidad que, según explicó, aumenta la presión migratoria sobre España y obliga a mantener una cooperación permanente con países como Marruecos, Mauritania y Senegal.
