La sanción de 890 millones de euros impuesta por Bruselas por favorecer servicios propios en el buscador y limitar las alternativas a Google Play puede reforzar una oleada de litigios en Europa. Comparadores como Idealo, PriceRunner, Kelkoo y Trovaprezzi reclaman indemnizaciones multimillonarias, aunque varias resoluciones todavía están recurridas.
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Google se enfrenta a una nueva y costosa batalla judicial en Europa. Después de recibir su primera multa bajo la Ley de Mercados Digitales, varios competidores preparan o mantienen demandas por daños que, en conjunto, podrían alcanzar los 10.000 millones de dólares, unos 8.800 millones de euros al cambio utilizado por Reuters.
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Los litigios se extienden por al menos media docena de países y están impulsados principalmente por comparadores de precios y buscadores especializados. Estas empresas sostienen que Google favoreció durante años sus propios servicios dentro de los resultados de búsqueda, reduciendo la visibilidad y el tráfico de sus rivales.
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La cifra de 10.000 millones no representa una nueva multa ni una cantidad que Google deba pagar automáticamente. Es una estimación de las reclamaciones acumuladas, algunas todavía pendientes de juicio y otras sujetas a recursos.
Bruselas multa a Google con 890 millones de euros
La Comisión Europea impuso el 23 de julio de 2026 dos sanciones a Google por incumplir la Ley de Mercados Digitales, conocida como DMA por sus siglas en inglés.
La primera multa, de 460 millones de euros, se refiere al trato preferente otorgado por Google a sus servicios de compras, hoteles, transportes y resultados deportivos dentro del buscador.
Según Bruselas, estos contenidos aparecían en posiciones más destacadas o con diseños, filtros y elementos visuales que no estaban disponibles en las mismas condiciones para servicios de terceros.
La segunda sanción, de 430 millones de euros, afecta a las restricciones impuestas a los desarrolladores de aplicaciones que utilizan Google Play.
La normativa europea establece que estas empresas deben poder informar a sus clientes sobre ofertas disponibles en otras páginas o tiendas digitales, especialmente cuando resulten más económicas. La Comisión concluyó que Google había limitado esa posibilidad y aplicado tarifas que iban más allá de lo permitido.
En total, las dos multas ascienden a 890 millones de euros, aproximadamente 1.000 millones de dólares. Son las primeras sanciones impuestas a Google bajo la DMA, pero no las primeras recibidas por la compañía por prácticas contrarias a la competencia.
Por qué la decisión europea puede provocar más demandas
La resolución de la Comisión no concede directamente una indemnización a los competidores. Cada empresa debe reclamar sus daños ante los tribunales correspondientes y demostrar las pérdidas que atribuye al comportamiento de Google.
Sin embargo, los abogados especializados consideran que la decisión de Bruselas puede reforzar esos procedimientos, al confirmar que determinadas prácticas de trato preferente continuaban produciéndose después de la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales.
Las compañías podrían reclamar no solo por los años cubiertos por la DMA, sino también por periodos anteriores apoyándose en las normas europeas que prohíben el abuso de una posición dominante.
Los comparadores de precios llevan denunciando estas prácticas desde 2008. Sostienen que la incorporación destacada de Google Shopping dentro del buscador redujo significativamente el número de visitas que recibían sus páginas.
Idealo obtiene una indemnización de 465 millones
Uno de los principales precedentes se produjo en Alemania. Un tribunal de Berlín ordenó en noviembre de 2025 que Google indemnizara al comparador Idealo con aproximadamente 465 millones de euros, incluidos los intereses.
El tribunal consideró que Google había abusado de su posición dominante al favorecer su propio comparador de compras. Idealo había solicitado inicialmente unos 3.300 millones de euros por los perjuicios que decía haber sufrido entre 2008 y 2023.
La sentencia no es firme. Google rechazó las conclusiones y anunció que presentaría un recurso, por lo que el pago definitivo dependerá de las próximas decisiones judiciales.
En un procedimiento similar, la empresa propietaria del comparador alemán Producto obtuvo una indemnización de alrededor de 107 millones de euros.
PriceRunner consigue una sentencia de 1.970 millones de dólares
El caso de mayor cuantía conocido hasta ahora corresponde a PriceRunner, el comparador sueco propiedad de Klarna.
Un tribunal de Estocolmo concedió a PriceRunner una indemnización de unos 1.970 millones de dólares, incluidos los intereses, por la pérdida de ingresos atribuida al trato preferente de Google hacia su propio servicio de comparación de productos.
Sin embargo, la compañía no recibirá esa cantidad de forma inmediata. Google ha recurrido la sentencia y Klarna también ha presentado una apelación al considerar que el fallo no compensa por completo los daños sufridos durante años.
La propia Klarna ha advertido a sus inversores de que la indemnización continúa sujeta a revisión judicial y de que cualquier importe finalmente recibido tendría que descontar impuestos, pagos al financiador del litigio y acuerdos con antiguos accionistas de PriceRunner.
Trovaprezzi, Kelkoo y otros rivales preparan reclamaciones
La oleada de litigios no se limita a Alemania y Suecia. El grupo italiano Moltiply, propietario del comparador Trovaprezzi, reclama aproximadamente 2.970 millones de euros.
Kelkoo mantiene diferentes procedimientos en el Reino Unido por cantidades que podrían alcanzar miles de millones de libras, mientras una firma de financiación de litigios respalda en Ámsterdam dos grupos de demandantes cuyas reclamaciones superan conjuntamente los 1.000 millones de dólares.
También se han producido acuerdos privados. Google confirmó que resolvió de forma confidencial su litigio con el comparador británico Foundem y que anteriormente había alcanzado otro acuerdo con Connexity. Las cantidades pactadas no han sido reveladas.
Google rechaza las acusaciones de sus competidores
Google sostiene que las demandas carecen de fundamento y acusa a sus rivales de buscar indemnizaciones en lugar de invertir en mejorar sus productos.
La compañía también defiende que los cambios introducidos en 2017 permitieron que numerosos comparadores de precios participaran en los espacios comerciales mostrados dentro de los resultados de búsqueda.
Respecto a las últimas sanciones europeas, Google puede recurrir las decisiones de la Comisión. La empresa ha mantenido conversaciones con los reguladores para modificar sus servicios y evitar nuevos incumplimientos.
La Comisión Europea, por su parte, ha ordenado que ponga fin a las prácticas sancionadas y garantice condiciones de clasificación transparentes, justas y no discriminatorias para los servicios competidores.
Qué puede cambiar para los usuarios de Google
La aplicación de la Ley de Mercados Digitales puede modificar la manera en la que se presentan los resultados de compras, hoteles, transportes y otros servicios especializados.
El objetivo es evitar que los servicios propiedad de Google reciban una posición más visible únicamente por pertenecer a la misma compañía. También se busca que los usuarios de aplicaciones puedan conocer y utilizar ofertas disponibles fuera de Google Play.
Estos cambios no significan que los servicios de Google tengan que desaparecer de los resultados. La exigencia europea consiste en que compitan mediante criterios transparentes y sin recibir un trato más favorable que las alternativas de terceros.
Los litigios podrían prolongarse durante años
Aunque las cantidades reclamadas son elevadas, Google no tendrá que pagarlas todas de manera inmediata ni existe garantía de que los demandantes reciban los importes solicitados.
Los tribunales deberán calcular el daño sufrido por cada empresa, comprobar su relación con las prácticas de Google y resolver los recursos presentados por las partes. Abogados y financiadores de litigios calculan que algunos procedimientos podrían prolongarse hasta ocho años.
La última multa europea abre así una nueva etapa: junto a las sanciones públicas de Bruselas, Google deberá afrontar las reclamaciones privadas de empresas que aseguran haber perdido tráfico, clientes e ingresos durante más de una década.
