El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes la retirada de Cuba de su lista de Estados patrocinadores del terrorismo, medida que había sido adoptada por la Administración de Donald Trump en sus últimos días en el poder. Según declaraciones de un alto cargo del Gobierno de Joe Biden, esta decisión tiene como objetivo respaldar el diálogo entre el Gobierno cubano y el Vaticano para la liberación de presos políticos.
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Además, Washington ha suspendido una cláusula de la ley Helms-Burton que permitía a cubano-estadounidenses reclamar compensaciones por bienes confiscados durante la era castrista. Esta suspensión se justifica, según el Ejecutivo, como un paso necesario para proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y acelerar una transición democrática en la isla.
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El alto cargo señaló que esta medida busca “facilitar el importante diálogo que la Iglesia católica desarrolla con respecto a los defensores de los derechos humanos en Cuba”. Asimismo, destacó que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel podría liberar a un “gran número” de presos políticos en respuesta a este gesto. Cuba había señalado su inclusión en la lista como un gran obstáculo para cualquier acercamiento.
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Un debate abierto sobre la continuidad de la decisión
La medida, sin embargo, podría ser revisada por la Administración entrante de Donald Trump, que asumirá el poder la próxima semana. Marco Rubio, senador republicano y posible responsable de política exterior en la nueva Administración, es un firme defensor de las sanciones contra Cuba y ha anunciado su intención de revertir esta decisión.
Rubio, hijo de exiliados cubanos, comparecerá este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores, donde se espera que refuerce su postura contra el Gobierno cubano. Por su parte, el senador Ted Cruz calificó la decisión como “inaceptable” y se comprometió a trabajar para revocar la medida, alegando que “el régimen cubano sigue promoviendo el terrorismo”.
Una medida respaldada internacionalmente
La decisión de la Administración Biden ha contado con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y aliados internacionales como la Unión Europea, España, Canadá, y varios países latinoamericanos, incluyendo Colombia y Chile. Estos Gobiernos han destacado el papel de Cuba en la facilitación de negociaciones de paz y en iniciativas humanitarias.
No obstante, la oposición republicana sigue considerando la medida como un error estratégico. La inclusión de Cuba en la lista negra se había justificado en 2021 alegando su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y su negativa a extraditar a líderes de guerrillas colombianas.
El deshielo, un reto pendiente
Este paso recuerda al acercamiento diplomático iniciado por Barack Obama en su segundo mandato, cuando retiró a Cuba de la lista y marcó una etapa de deshielo. Sin embargo, el retorno de Trump podría suponer un nuevo retroceso en las relaciones entre ambos países, especialmente en temas relacionados con derechos humanos y democracia.
Mientras tanto, la Casa Blanca ha defendido que no hay pruebas actuales de que Cuba haya apoyado el terrorismo internacional en los últimos seis meses, cumpliendo así con los requisitos legales para su exclusión de la lista. La próxima semana se vislumbrará si esta decisión marca un nuevo rumbo o queda como un breve paréntesis en las tensas relaciones entre La Habana y Washington.
