Alcaldes de las zonas afectadas enfrentan duras críticas y reproches de los vecinos ante la falta de ayudas y la lentitud en la reparación de infraestructuras.
A más de dos meses de la devastadora riada del 29 de octubre, el proceso de reconstrucción en la provincia de Valencia sigue siendo una tarea pendiente para miles de afectados. La demora en la llegada de las ayudas prometidas por las administraciones públicas está provocando que la ira se desate en los plenos municipales, donde alcaldes y alcaldesas son criticados por la falta de acción y la escasa comunicación con los vecinos.
En la denominada ‘zona cero’, que incluye áreas del sur del área metropolitana de Valencia, la furia se concentra especialmente en aquellas poblaciones del interior, donde las infraestructuras esenciales para el desarrollo del turismo —el principal atractivo económico de estas localidades— han quedado completamente dañadas.
Uno de los casos más recientes fue la reprobación de la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat (PSOE), en el pleno del pasado lunes, donde los vecinos le expresaron su descontento por la tardanza en la gestión de las ayudas. «Te estás riendo en nuestra cara», fue uno de los reproches dirigidos a la alcaldesa, quien se defendió de las críticas asegurando que las dificultades provenían de la falta de recursos y coordinación. Entre las principales quejas de los vecinos se encuentran la falta de viviendas en alquiler, la espera por la reparación de infraestructuras como ascensores y garajes, y la escasa limpieza de las calles, donde la presencia de ratas y basura acumulada ha sido un problema recurrente.
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Otro doloroso reproche de los afectados fue la acusación de no haber actuado a tiempo en la gestión de las lluvias y el desbordamiento del barranco del Poyo, que, según los vecinos, pudo haber mitigado la tragedia de haber sido reparado con anterioridad. Las familias que perdieron seres queridos en la riada también se han dirigido a los alcaldes acusándolos de no haber advertido a la población sobre los riesgos, como ocurrió en el caso de Paiporta y en otros municipios.
La situación no se limita a Paiporta. En el municipio de Catarroja, la alcaldesa Lorena Silvent (PSOE) fue acusada por los vecinos de no haber informado a la población sobre la llegada de la DANA. En el pleno del 20 de diciembre, uno de los residentes le recriminó: «Vengo a recriminaros la muerte de mi madre. Voy a buscar a los culpables y voy a hacer que vayan a prisión». Las críticas también se centraron en la falta de medidas preventivas y de planificación ante los efectos del fenómeno meteorológico.
En Alfafar, el alcalde Juan Ramón Adsuara (PP) se enfrentó a protestas durante el pleno del 26 de diciembre, con vecinos exigiendo respuestas sobre la falta de información y los criterios para acceder a las ayudas. En Aldaya, Guillermo Luján (PSOE) fue igualmente señalado por no haber brindado suficiente apoyo a los afectados, siendo incluso amenazado en un tono violento por una vecina que expresó su frustración por la gestión del desastre.
Este malestar generalizado no solo se concentra en los plenos municipales. La falta de comunicación efectiva y la escasa presencia de los responsables políticos del Gobierno y la Generalitat en las zonas afectadas ha intensificado el descontento. Muchos vecinos critican que los políticos, incluidos el presidente Pedro Sánchez y la ministra Diana Morant, no han mostrado un compromiso real con las necesidades de la provincia. La confrontación entre el Gobierno y la Generalitat sobre la responsabilidad en la gestión de la crisis solo ha agravado la situación, contribuyendo a la desconfianza de los ciudadanos afectados, quienes se sienten abandonados y sin respuestas claras.
Con más de un millón de personas afectadas por la catástrofe, la reconstrucción parece estar aún lejos de concretarse. Los alcaldes, en primera línea de fuego, deben hacer frente a un ambiente de creciente descontento, mientras la población sigue esperando las soluciones que, por el momento, siguen sin llegar.
