La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha intensificado la investigación sobre la gestión de alertas durante la DANA que afectó a Valencia el pasado 29 de octubre. Ha exigido a la Generalitat que informe sobre quién tomó la decisión de enviar un SMS de alerta a la población, una medida que llegó tarde según las críticas recibidas.
El auto judicial también solicita a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que proporcione datos detallados sobre el caudal del barranco del Poyo entre las 16:13 y las 18:42 horas de ese día. Se busca determinar cómo se transmitieron estos datos y si fueron suficientes para alertar a las autoridades competentes.
Además, la jueza ha requerido material audiovisual a varios medios de comunicación para analizar la crecida de la rambla y las declaraciones de las autoridades sobre el sistema Es-Alert y la evolución de las condiciones meteorológicas. Este análisis es crucial para entender si las medidas de emergencia fueron adecuadas.
En su resolución, la magistrada ha citado a declarar a un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, quien ha realizado un estudio cartográfico sobre las cotas alcanzadas por el agua tras el desbordamiento del barranco del Poyo. Este testimonio podría arrojar luz sobre la magnitud del desastre y la respuesta de las autoridades.
La jueza ha destacado que muchas víctimas, especialmente personas mayores, se encontraban en plantas bajas de sus hogares o en las calles cuando se emitió la alerta a las 20:11 horas. La falta de información previa pudo haber contribuido a la alta mortalidad, con más de la mitad de las 216 víctimas siendo mayores de 70 años.
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Se investiga no solo la efectividad del sistema Es-Alert, sino también si se utilizaron otros medios para comunicar el riesgo a la población, como conferencias de prensa o comunicados oficiales. La jueza ha solicitado a la Generalitat que identifique al funcionario responsable de ejecutar la orden de envío del SMS.
Por otro lado, se ha detectado un intervalo sin mensajes sobre el caudal de la Rambla del Poyo en las comunicaciones de la CHJ, lo que ha llevado a la jueza a requerir la integridad de los datos existentes en ese periodo. La CHJ había afirmado que su Sistema Automático de Información Hidrológica funcionaba correctamente, transmitiendo datos cada cinco minutos.
El auto judicial, ya notificado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares, puede ser recurrido. Esta investigación busca esclarecer las responsabilidades en la gestión de la emergencia y prevenir futuras tragedias.
