En un auto reciente, la magistrada responsable del caso reafirma que, en situaciones de emergencia por lluvia intensa, el control de los cauces no es competencia de la Confederación del Júcar sino de la administración autonómica.
La jueza encargada de la instrucción sobre la gestión de la DANA que causó graves inundaciones en la Comunidad Valenciana ha reafirmado su postura: el control de los barrancos en un escenario de emergencia, como el vivido el 29 de octubre de 2024, debe ser competencia de la Generalitat Valenciana.
En su auto, la magistrada rechaza varias diligencias solicitadas por una de las acusaciones. En concreto, se oponía a que se requirieran datos detallados a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el número, identidad y localización de los agentes desplegados durante la crisis. La jueza considera que estas peticiones no se ajustan al objetivo real del proceso, que es determinar las posibles negligencias que provocaron la pérdida de vidas, y las califica como redundantes o fuera de foco.
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Para justificar su decisión, la jueza subraya que no se solicitó colaboración por parte de un mando único en la emergencia, lo que evidencia, según ella, un error desde el inicio de la gestión de la crisis. Señala también que atribuir la vigilancia a la CHJ es un “error gravemente difundido” y que plantea una acusación errónea de responsabilidad.
Según su interpretación del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, la vigilancia de barrancos requiere movilizar muchos recursos: agentes medioambientales, bomberos, policía local, Guardia Civil… Una tarea que, dada la orografía y la extensión de los cauces, solo una administración con conocimiento local puede asumir eficazmente.
La jueza critica la “negligencia grosera” al no utilizar todos los recursos humanos disponibles para vigilar los barrancos durante la emergencia y lamenta que no se haya mantenido un control constante, incluso cuando el riesgo ya estaba activado. A su juicio, los investigados —entre ellos autoridades autonómicas— sabían perfectamente que esas zonas son proclives a desbordamientos y tenían la obligación de desplegar medios para monitorizarlos.
El auto también alude a grabaciones y documentos, según los cuales técnicos ya habían advertido verbalmente en varias ocasiones de la necesidad de una vigilancia activa, un mensaje que, según la jueza, fue ignorado por los responsables que tenían la responsabilidad operativa en esa situación.
Con esta resolución, la magistrada refuerza su tesis de que la Generalitat es la principal responsable del control ante fenómenos tan extremos como una DANA, y pone en duda el papel que otras entidades como la CHJ desempeñaron durante la emergencia.
