El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que iniciará en los próximos días el proceso para nombrar un nuevo Fiscal General del Estado, tras la condena impuesta por el Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz. El hasta ahora máximo representante del Ministerio Público ha sido sentenciado a dos años de inhabilitación por la filtración de un correo que tenía como objetivo atacar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En una declaración oficial, el Ejecutivo expresó que el proceso para elegir al nuevo fiscal será «inminente» y recalcó que la persona seleccionada «será de máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho». Fuentes cercanas a La Moncloa han señalado que, aunque el Gobierno «respeta la sentencia», no comparte la resolución del Alto Tribunal. La sentencia cuenta con dos votos particulares discrepantes, lo que pone de manifiesto las diferencias internas en la Sala de lo Penal.
Reconocimiento a la labor de García Ortiz
El Gobierno no ha dejado de reconocer la labor de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía, destacando su dedicación a la defensa de la ley y la verdad. A pesar de la condena, el Ejecutivo ha querido poner en valor su trabajo en la institución y su contribución en momentos complejos.
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Reacciones de los ministros
Tras conocerse el fallo, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, fue el primero en pronunciarse. Sin embargo, optó por «morderse la lengua» al ser cuestionado sobre la condena. «Ser prudente» fue su respuesta ante la prensa, añadiendo que prefería leer con más detenimiento la sentencia antes de emitir una opinión.
Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también se refirió al asunto antes de conocerse el fallo, indicando que cualquier decisión sobre el fiscal sería “justa”. Bolaños, conocido por sus intervenciones previas, prefirió no dar su opinión en ese momento, reiterando su respeto absoluto al trabajo de los magistrados del Supremo.
Detalles de la sentencia
El Tribunal Supremo ha impuesto además a García Ortiz una indemnización de 10.000 euros a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, como compensación por los daños morales ocasionados por la filtración. También se le ha multado con 7.300 euros y se le ha obligado a asumir las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular. Aunque la sentencia aún está pendiente de redacción, su ejecución será efectiva tras su notificación formal.
La acusación particular había solicitado penas que iban desde 4 hasta 6 años de prisión y hasta 12 años de inhabilitación, mientras que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pedían la absolución de García Ortiz, argumentando que no existía delito. Además, el Ministerio Público defendió que la filtración vulneraba derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
