El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ordenado la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada de pasaporte a dos exdirectivos de Acciona investigados por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada al denominado caso Koldo. Además, deberán comparecer cada quince días ante el juzgado, tal y como solicitó la Fiscalía tras los interrogatorios celebrados este miércoles. A ambos se les atribuyen posibles delitos de cohecho y organización criminal.
Entre los investigados se encuentra el exdirector del área de Construcción de Acciona para España, Portugal y África, Justo Vicente Pelegrini, quien ha defendido ante el magistrado que la empresa Servinabar —propiedad del empresario Antxon Alonso y considerada por la Guardia Civil como un posible instrumento para el cobro de mordidas— colaboraba realmente en trabajos relacionados con la prevención de riesgos laborales en las obras adjudicadas a Acciona mediante Uniones Temporales de Empresas (UTE).
Según su declaración, el porcentaje aproximado del 2% que, de acuerdo con la UCO, recibía dicha sociedad no era una cantidad fija, sino que variaba en función de cada proyecto. Pelegrini también aseguró que las reuniones que mantuvo con el exdirigente socialista Santos Cerdán tuvieron un carácter profesional y social, y no estaban relacionadas con adjudicaciones fraudulentas.
El magistrado, sin embargo, sostiene en sus autos que existen indicios suficientes sobre una posible participación de los imputados en la adjudicación irregular de contratos públicos. De acuerdo con la investigación, Pelegrini habría confiado en la influencia de Cerdán para obtener contratos públicos, y a cambio Servinabar percibiría una contraprestación económica relacionada con dichas adjudicaciones.
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Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a que los encuentros entre los implicados se realizaban tomando importantes medidas de seguridad, como apagar los teléfonos móviles o utilizar anotaciones en pantalla durante las videollamadas, con el fin de evitar dejar rastro de las conversaciones.
La investigación también ha sacado a la luz documentos como el “Acuerdo Marco de Colaboración Empresarial”, firmado en septiembre de 2015 entre Acciona y Servinabar, que habría servido como base para una relación prolongada durante casi una década. Entre los proyectos en los que ambas compañías trabajaron figura, entre otros, el de Mina Muga, promovido por la empresa Geoalcali, filial de una minera australiana.
Asimismo, la UCO ha documentado encuentros en Madrid entre Pelegrini, Antxon Alonso y Santos Cerdán en fechas próximas a decisiones administrativas relevantes, como la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental favorable para el proyecto de Mina Muga. Imágenes halladas en el teléfono de uno de los investigados refuerzan la hipótesis de esas reuniones.
Otro de los imputados, Tomás Olarte, subordinado de Pelegrini y director de la zona norte de Acciona Construcción, ha negado ante el juez conocer al exministro de Transportes José Luis Ábalos. La declaración de un tercer directivo, Manuel José García Alconchel, ha sido aplazada por motivos de salud de su abogada.
El alto tribunal continúa avanzando en una investigación que sitúa a Santos Cerdán como uno de los presuntos mediadores clave en una red que, según los informes policiales, pudo haber facilitado adjudicaciones amañadas a cambio de pagos ilícitos que superarían los 600.000 euros.
