La Fiscalía ha solicitado cinco años y seis meses de prisión para el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tras la contratación como personal eventual de una mujer con la que mantenía una relación sentimental.
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Según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, el regidor contrató en 2023 a esta mujer a sabiendas de que no iba a desempeñar ninguna actividad laboral. A pesar de ello, la contratada percibió dos nóminas por importes de 1.634 y 3.642 euros, sumando un total de 5.276 euros que, según la Fiscalía, se cobraron “sin contraprestación alguna”.
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La fiscal solicita la apertura de juicio oral tanto contra el alcalde como contra la mujer, para la que pide una pena de tres años y medio de prisión como cooperadora necesaria en el delito de malversación. Para García Urbano, además de la pena de cárcel, reclama una inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante diez años.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía interesa que el alcalde indemnice directamente al Ayuntamiento de Estepona con los 5.276 euros percibidos por la mujer, en caso de que no quede acreditado el ingreso del cheque emitido por el propio regidor hace unos meses por esa cantidad.
El escrito también solicita la incorporación a la causa de justificantes de transferencias bancarias de 2.000 euros mensuales realizadas por el alcalde a esta mujer, así como las conversaciones de WhatsApp mantenidas entre ambos entre enero y marzo de 2023.
Esta petición se suma a la formulada por la acusación popular, ejercida por el PSOE, que solicita cuatro años de prisión para el alcalde.
Por su parte, la defensa de García Urbano ha calificado la solicitud de la Fiscalía como un “disparate jurídico” basado en una “declaración falsa” de una persona que, según sostiene, ya ha quedado desacreditada en otros procedimientos judiciales archivados. Asimismo, presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial solicitando el archivo de la causa al considerar que no existe indicio delictivo alguno en la contratación de esta persona como cargo de confianza durante 46 días, recurso que aún está pendiente de resolución.
En dicho recurso, la defensa argumenta que el auto de transformación de 4 de diciembre se apoya en una declaración testifical realizada en otro procedimiento que fue archivado de forma firme por la Audiencia Provincial tras demostrarse la falsedad de las acusaciones.
Desde el Ayuntamiento, fuentes municipales han señalado que el alcalde es víctima de una “inadmisible e injusta campaña política y mediática” cuyo objetivo sería “dañar su dignidad y trayectoria política” y apartarlo del cargo.
