La Justicia argentina ha dado un paso inédito al solicitar formalmente a Estados Unidos la extradición del ex presidente venezolano Nicolás Maduro para que comparezca ante los tribunales argentinos por acusaciones de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante su gestión en Venezuela.
El pedido fue firmado este miércoles por el juez federal Sebastián Ramos, quien tramita desde 2023 un expediente basado en una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a la justicia argentina investigar delitos graves contra los derechos humanos aunque hayan ocurrido fuera del país y sean cometidos por nacionales extranjeros.
La solicitud de extradición se dirigió al gobierno de Estados Unidos mediante un exhorto internacional, con el objetivo de que Maduro —quien habría sido detenido y trasladado al país norteamericano a comienzos de enero— sea entregado a la justicia argentina para ser indagado por las graves acusaciones en su contra.
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En septiembre de 2024, el mismo juez ya había ordenado la captura internacional de Maduro y otros altos funcionarios del gobierno venezolano, como el ministro del Interior Diosdado Cabello, al considerar que la cúpula del régimen ejecutó un “plan sistemático, organizado a lo largo del tiempo” contra la población civil, mediante prácticas de persecución, secuestro, tortura y asesinato.
El fiscal federal argentino Carlos Stornelli respaldó el pedido de extradición tras conocer la detención de Maduro en Estados Unidos, instando a que se active el procedimiento legal para que el ex mandatario sea sometido a este proceso en Argentina.
El caso se suma a los cargos que Maduro ya enfrenta en Estados Unidos por narcoterrorismo y otros delitos federales, lo que genera un escenario jurídico complejo en el que la cooperación internacional será clave para determinar si el líder venezolano es finalmente entregado a las autoridades argentinas.
Este movimiento judicial argentino marca un hecho significativo en la aplicación del derecho internacional y la persecución de delitos de lesa humanidad, subrayando el compromiso del país sudamericano con la justicia más allá de sus fronteras.
