Se cumplen dos años del trágico suceso en el puerto de Barbate que acabó con la vida de los agentes de la Guardia Civil Miguel Ángel González, de 39 años, y David Pérez Carracedo, de 43. Ambos murieron cuando una narcolancha los embistió durante un operativo contra el narcotráfico, un episodio que puso de manifiesto la extrema peligrosidad de estas operaciones y la violencia con la que operan las redes criminales en el Estrecho.
La investigación, que concluyó recientemente, ha llevado a la apertura de juicio con jurado popular contra Karim El Baqqaly, piloto de la embarcación, y Yassine El Morabet, que viajaba con él. Otros dos tripulantes serán juzgados por contrabando en un procedimiento separado, ya que no hay pruebas de que participaran directamente en el ataque mortal.
El juez ha imputado a El Baqqaly por dos asesinatos consumados y cuatro en grado de tentativa, mientras que El Morabet se enfrenta a seis delitos de atentado agravado, por usar un puntero láser contra los agentes antes de la colisión, dificultando su capacidad de defensa.
El auto judicial detalla que los hechos ocurrieron entre las 20:20 y las 20:29 horas del 9 de febrero de 2024, cuando seis agentes acudieron a comprobar la presencia de seis narcolanchas refugiadas del temporal. Según el magistrado, El Baqqaly embistió la embarcación oficial de manera intencionada, plenamente consciente de la inferioridad de la zodiac frente a la potente lancha y de la condición de agentes de las víctimas, que no pudieron defenderse.
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El impacto provocó la muerte instantánea de González y Pérez Carracedo, mientras que sus cuatro compañeros sufrieron lesiones físicas y psicológicas. La Fiscalía ha estimado las responsabilidades económicas en 2.500.000 euros, que sumadas a los daños materiales y psíquicos, ascienden a 3.300.000 euros, que deberá pagar El Baqqaly.
Los otros tripulantes del barco se entregaron entre septiembre de 2024 y mayo de 2025; actualmente, solo El Baqqaly permanece en prisión. En octubre de 2025, el Tribunal Supremo archivó definitivamente las denuncias contra los mandos de la Guardia Civil responsables del operativo, confirmando que no existieron negligencias penales en la planificación del mismo.
Este aniversario recuerda la magnitud del riesgo que enfrentan los agentes en la lucha contra el narcotráfico en la costa gaditana y la firmeza de la justicia para perseguir a los responsables de ataques contra la autoridad.
